Presentan decenas de firmas para reclamar la apertura del camino de Passatemps

Los firmantes exigen al ayuntamiento de Bunyola y al Consell de Mallorca la «limpieza, adecuación y señalización» de la ruta, integrada en el GR221 

Vecinos firman a favor de la apertura del camino en la concentración del 17 de marzo.

Vecinos firman a favor de la apertura del camino en la concentración del 17 de marzo. / J. Frau

Joan Frau

Joan Frau

Las dos asociaciones que organizaron el pasado 17 de marzo una concentración en Palmanyola para exigir la apertura del histórico camino de Passatemps han presentado esta pasada semana unas 130 firmas ante el ayuntamiento de Bunyola y el departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca reclamando que actúen para que esta ruta catalogada como pública pueda ser usada libremente.

Los vecinos que han estampado su firma denuncian ante las instituciones competentes la «obstaculización» de la entrada del camino desde el cruce de sa Font Seca con la carretera MA-1140, así como la «invasión de vegetación y el deterioro del camino GR221 en dirección a Raixa». 

Una imagen del acto reivindicativo celebrado el mes pasado en Palmanyola.

Una imagen del acto reivindicativo celebrado el mes pasado en Palmanyola. / J. Frau

Además, reclaman la «limpieza, adecuación y señalización» del camino de Passatemps entre Palmanyola y Raixa, variante cinco del GR221 «aprobada por el pleno del Consell de Mallorca» y que actualmente está «inoperativo» debido al cierre del sendero desde Palmanyola por parte de la propiedad de varias grandes fincas. 

Las citadas plataformas denuncian la «inacción» del ayuntamiento de Bunyola en esta cuestión a pesar de que ha sido denunciada en diversas ocasiones y advierten de que esta falta de actuaciones «es contraria a la obligación de sus funciones en cumplimiento de mantener los bienes y los caminos públicos a disposición de los vecinos". Además, recuerdan que la ley de Caminos y Rutas Senderistas autoriza a los ayuntamientos a abrir los caminos públicos obstaculizados en el plazo de tres meses desde que se denuncia la usurpación.