Esta es la cantidad de dinero que ha perdido la Mancomunitat de la Serra de Tramuntana para recuperar caminos

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Palma ha tumbado la demanda interpuesta por la Mancomunitat de la Serra de Tramuntana que reclamaba el pago de 1’5 millones de euros al Govern para llevar a cabo un proyecto para la rehabilitación de caminos en varios municipios de la comarca.

La sentencia avala la decisión tomada por la Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) que emitió una resolución mediante la cual retiraba la subvención concedida a la mancomunidad después de años sin ejecutar el proyecto.

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Los hechos que dieron pie al proceso legal se remontan al año 2017, cuando el Consell de Govern aprobó el financiamiento a cargo de la ecotasa de un proyecto para recuperar caminos municipales en los municipios de Banyalbufar, Bunyola, Sóller, Puigpunyent y Valldemossa. La actuación contaba con un presupuesto de casi 1’5 millones de euros. 

Pese a que la concesión del dinero se materializó en 2017, el proyecto nunca llegó a materializarse y llegó la pandemia en el año 2020. En el marco de las medidas que adoptó el Govern con la finalidad de paliar las consecuencias de la crisis sanitaria, el Consell de Govern dictó una resolución mediante la cual se desviaron los recursos de los proyectos no ejecutados con la ecotasa entre los años 2016 y 2019 para destinarlos a otros para paliar la crisis de la covid, entre los cuales figuró el proyecto de mejora de los caminos rurales. 

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La mancomunidad alegó que sí se estaban llevando a cabo actuaciones relacionadas con el proyecto que generaban obligaciones respecto a terceros y que la propia AETIB autorizó el pago de un anticipo de la subvención para hacer frente a los pagos, algo que se produjo en 2018.

Argumentos

Pese a los argumentos presentados por la mancomunidad, el juzgado ha confirmado los actos aprobados por el Consell de Govern que entiende que el proyecto no se llegó a materializar. Por eso la sentencia da la razón a la representación legal del ejecutivo autonómico. No obstante, la sentencia puede ser recurrida en apelación.

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