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Diario de Mallorca

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Uso público

Reclaman la expropiación del camino de Cala Castell para garantizar el acceso

La plataforma pro camins insta al Consistorio a ejecutar la servidumbre de paso plasmada en el PGOU de 1990 y refrendada por la justicia

Una imagen de la playa de Cala Castell, en el municipio de Pollença. D. M.

La plataforma pro camins públics i oberts ha vuelto a presentar una reclamación a la propuesta de presupuestos municipales de Pollença para el presente año en la que reclama la inclusión de una partida económica para expropiar el camino de Cala Castell con el objetivo de «realizar la efectividad de la servidumbre de paso o acceso a la costa que aprobó el pleno municipal el 23 de mayo de 1990». Se trata de la novena solicitud de la plataforma en otros tantos años para que se haga efectivo el derecho de paso por el camino de Ternelles hasta Cala Castell reconocido por los tribunales, aunque en ninguna ocasión el Ayuntamiento ha aceptado las alegaciones.

El colectivo recuerda que el citado acuerdo municipal de 1990 proponía el establecimiento de diversas servidumbres de paso para crear accesos públicos en varios puntos de la costa, entre ellos Cala Castell. «Este acuerdo fue refrendado por una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la prescripción sexta de la antigua comisión provincial de Urbanismo que impuso en el PGOU una prescripción que decía literalmente que los accesos de la coste Norte deben continuar siendo privados en defensa de sus valores ambientales», explica la plataforma.

Según una valoración económica realizada en 2018, la expropiación del camino tendría un coste de 448.150 euros e incluiría el tramo que va desde el Estret de Ternelles hasta Cala Castell, con una longitud de 7,5 kilómetros.

El colectivo pro caminos considera que el PGOU de Pollença contemplaba los accesos públicos a la costa en aplicación del artículo 28 de la Ley de Costas, «el único artículo de la legislación que regula las servidumbres de acceso o de paso a la costa, que solamente pueden tener carácter público en cuanto lo son para acceder al dominio público marítimo-terrestre». La plataforma lamenta que más de veinte años después de la sentencia del Supremo de 2021 ni la comisión insular de Urbanismo ni el ayuntamiento de Pollença «han hecho nada para adaptar el PGOU a la sentencia del Supremo».

No obstante, el alcalde de Pollença, Tomeu Cifre (Tots per Pollença), ha avanzado este lunes que el Ayuntamiento no tendrá en cuenta, un año más, la propuesta de la plataforma porque, a su entender, la pelota está en el tejado del Govern, que «debe modificar el PORN» debido a que este instrumento de gestión de la Serra de Tramuntana considera Cala Castell como zona de exclusión y por este motivo actualmente no se puede acceder a este tramo de la costa por razones medioambientales.

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