Los promotores de Muleta: «No es posible ningún pacto»

Birdie Son Vida, la empresa titular de los terrenos de la desclasificada urbanización de Muleta, en el Port de Sóller, descarta un nuevo acuerdo con el Govern que evite a la administración tenerle que pagar los 63,5 millones de euros que estableció de indemnización el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB). El representante legal de la empresa, el abogado Miquel Ramis de Ayreflor, aseguró que «no es posible ningún pacto» en tanto que «previamente debería hacerse un cambio legal en la ley que lo permitiera». 

El abogado, que lleva el caso desde el año 2009, recordó que la Ley de Urbanismo de Balears reiteró la desclasificación de Muleta II, situada en pleno Port de Sóller, que promovió el gobierno autonómico de Francesc Antich en 2008 mediante una moratoria urbanística. 

Ramis de Ayreflor ve poco probable que el Govern actual promueva un cambio en la legislación, por lo que auguró que el Govern tendrá que hacer frente al pago de la indemnización fijada por el tribunal. Añadió que a la millonaria cantidad se le habrá que añadir los intereses de demora generados desde la desclasificación de 2008, que «en una primera estimación pueden ascender a más de 28 millones de euros». 

De confirmarse este extremo, la desclasificación de Muleta podría suponer para las arcas autonómicas un agujero de 92 millones de euros, la más alta dictada jamás por un tribunal. 

El abogado de Matthias Kühn recordó que «el de Muleta era un caso bastante claro» puesto que «era una urbanización real con sus calles ya construidas y sus canalizaciones que solo requerían conectarlas» a la red general.

El Govern anuncia que recurrirá la indemnización millonaria de Muleta

El alcalde de Sóller: «El populismo sale caro»

El alcalde de Sóller, Carlos Simarro, manifestó ayer su «estupor» con la condena al Govern balear a pagar una indemnización de 63,5 millones de euros al empresario Matthias Kühn por haberle desclasificado los terrenos de la urbanización de Muleta II.

Simarro aseguró que «el populismo del Govern de Antich saldrá muy caro en el bolsillo del contribuyente» ya que «este tipo de decisiones populistas tienen sus consecuencias». El alcalde manifestó su «rabia» por decisiones que «no están lo suficientemente avaladas y que llevan a un gasto millonario que podría dedicarse a servicios públicos que tanta falta hacen».

El alcalde advirtió también que ésta «no será la última sentencia en contra de los intereses de los ciudadanos, ya que es muy probable que el contencioso sobre la concesión del túnel acabe igual».

La condena del TSJB por desclasificar Muleta es un duro correctivo judicial a la política territorial del Ejecutivo. Los hechos se remontan a 2008, cuando el Ejecutivo encabezado por Francesc Antich, aprobó una moratoria urbanística en la que se incluyeron los terrenos de Muleta, que fueron adquiridos por la empresa de Kühn años antes. La desclasificación dio pie a un litigio judicial que acabó en un acuerdo ante el juez entre los representantes de Matthias Kühn y el Govern, por entonces bajo las directrices del PP de José Ramón Bauzá. El acuerdo le permitía al Govern librarse de una demanda de cien millones de euros a cambio de que la administración revirtiera la desclasificación urbanística. El Govern aceptó la propuesta que quedó recogida en un acuerdo transaccional. Pero el acuerdo por el que el Govern reconocía que los terrenos de Kühn pasaban a ser urbanizables no tuvo en cuenta al ayuntamiento de Sóller, que descartó modificar su planeamiento urbanístico y dar luz verde al proyecto de urbanización. Por esta razón, Birdie Son Vida acudió a los tribunales para exigir el cumplimiento de lo pactado y fijó la indemnización en 65 millones de euros.

El TSJB condena al Govern a pagar 63 millones por desclasificar Muleta en Sóller

Suscríbete para seguir leyendo