APorts de Balears le sobra litoral en el archipiélago o bien es un ente muy mermado de recursos y motivación para llevar a cabo sus responsabilidades y obligaciones, lo cual es particularmente grave en un territorio insular. Son las dos únicas explicaciones posibles ante tantos amarres a la deriva de titularidad y embarcaderos privados de mantenimiento. Eso, por no hablar de vertidos contaminantes o concesiones portuarias expansivas, vencidas o superadas por gestiones discutibles. El hecho es que ni la inercia ni la inactividad son inocuas y que si la Administración se relaja sobre ellas se vuelve dañina en su condición pública. Por esta vía puede llegar a ser corrosiva. Es una posibilidad que, ahora mismo, se refleja en las inocentes aguas de la cala de Banyalbufar. Ya no constituye novedad alguna que Ports tenga un alto contingente de amarres desbaratados. De hecho, a finales del año pasado llamó a 338 propietarios a revisión. Lo que llama la atención, dentro de este caos, es que, solo en Banyalbufar, estén al aire 45 solicitudes pendientes, se suponga que hay unas 20 irregulares y que haya quienes las hayan heredado por pura inercia, sin audiencia ni trámite ante la Administración. Algunos llevan dos décadas en el empeño de tener un amarre en condiciones, no solo administrativas, sino también materiales, porque, como es lógico, el ir y venir de las olas ha hecho su trabajo y el pequeño puerto se ha deteriorado. Las obras de mantenimiento y seguridad están paradas. Como indica el alcalde, estas situaciones crean un evidente malestar entre los vecinos. Queda claro que en el últimamente castigado Banyalbufar, los males no le caen solo del enfado natural del cielo. También quedan amarrados a una costa que debería tener fondeo de buena administración.
