Los propietarios de dos grandes fincas ubicadas en el entorno de la possessió de Raixa (Bunyola) han solicitado amparo a la justicia para solicitar medidas cautelares de alejamiento contra activistas procaminos que han denunciado en diversas ocasiones la usurpación de diversos tramos del camino de Passatemps que conecta el núcleo de Palmanyola con la citada finca pública, llegando en algunas ocasiones a derribar partes de muros de deslinde para reivindicar el carácter público de esta ruta.
El juzgado de instrucción número 12 de Palma, no obstante, ha denegado la petición de los propietarios de fincas en un auto del pasado mes de octubre al considerar que «no existen suficientes indicios para imponer la medida restrictiva de libertad deambulatoria solicitada por la parte denunciante».
El caso, que ha sido archivado por el citado juzgado, se remonta al mes de octubre de 2020, cuando los representantes de las fincas de s’Heretat y Biniatzar denunciaron ante la Guardia Civil un presunto delito de alteración de términos y lindes, señales o mojones ocurrido a finales de septiembre de 2020 y que atribuyeron a un portavoz vecinal de Palmanyola que ha organizado diversos actos reivindicativos a favor de la recuperación del camino de Passatemps. En concreto, aseguraron que este vecino había derribado un muro, tipo pared seca, que hace las funciones de linde entre ambas fincas, «colocando en su lugar una portilla de pequeñas dimensiones con la inscripción Camí vell de Raixa». Los denunciantes añadieron que el motivo de esta acción era que «hace tiempo pasaba un camino por esa zona y (el denunciado) ha decidido restaurarlo».
Este vecino también denunció en octubre de 2020 ante la Policía Local de Bunyola la «usurpación» del camino de Passatemps y la ejecución de «movimientos de tierras». Alegó que él mismo había visto cómo el encargado de la finca de s’Heretat cerraba con una rejilla de metal el inicio del camino de Raixa, aumentando en un metro más de altura el tamaño de la valla ya instalada.
La Guardia Civil entregó los atestados al juzgado de instrucción número 12 de Palma, que se hizo cargo del asunto.
Los propietarios de las dos fincas habían solicitado al juzgado la imposición al denunciado de la prohibición de acercamiento «a una distancia no inferior a 50 metros» de las fincas «para evitar el acercamiento (del denunciado) a la pared» de deslinde entre ambas. Sin embargo, el juez denegó la petición porque los denunciantes atribuyeron al portavoz vecinal la autoría de los daños causados en la pared medianera de sus propiedades «en base únicamente a la versión de varios testigos que afirman que el denunciado les habría reconocido su autoría». No obstante, el investigado negó los hechos, por lo que «teniendo en cuenta las versiones contradictorias y las meras sospechas sobre el denunciado así como la existencia de una multitud de personas que ostentan reivindicaciones sobre el paso por el camino viejo que atraviesa dichas fincas», el juzgado considera que «no puede imponerse la medida solicitada al ser demasiado gravosa sin que existan indicios racionales de la comisión por parte de este delito de daños». Posteriormente, el caso fue sobreseído.
