Las declaraciones efectuadas a este diario por el exdirector de la residencia de Sant Domingo de Pollença, Toni Pons Miró, sobre el proceso de vacunación «irregular» de la teniente de alcalde y regidora de Bienestar Social, Francisca Cerdà, han sido remitidas por los tres partidos de la oposición a la Oficina Anticorrupción para que sean incorporadas al expediente que está en proceso de investigación desde hace diez meses.
Las formaciones Junts Avançam, Podem y Alternativa per Pollença consideran que las declaraciones del exresponsable de la residencia municipal «han aportado una nueva versión al caso» de la vacunación de la regidora porque «desmontan la versión oficial» y «confirman todo lo que había denunciado la oposición municipal, en el sentido en que la regidora aprovechó su cargo para vacunarse cuando no le correspondía».
Ante las «novedades» desveladas por el exdirector de la residencia, los tres partidos han decidido remitir a la oficina Anticorrupción un escrito en el que adjuntan las declaraciones de Toni Pons para que sean incorporadas al expediente, ya que «aportan una visión que contradice absolutamente la versión oficial del caso».
La oposición considera que el contenido de la entrevista publicada en la edición dominical de este diario «aporta mucha información de primera mano que puede afectar directamente al expediente de referencia y que incide en los hechos denunciados en sus conclusiones». Según los tres partidos, el caso de la vacunación de la regidora Cerdà habría supuesto «vulneración de protocolos, abuso de poder, falta de transparencia y alarma social».
La oposición considera que se han vulnerado los protocolos y se ha producido abuso de poder y alarma social
Los partidos de la oposición municipal remitieron la primera denuncia ante la oficina Anticorrupción el pasado mes de febrero, cuando estalló la polémica sobre la vacunación de la regidora Cerdà. Entonces se presentaron diversos escritos «donde se puso de manifiesto la vacunación irregular de la regidora de Bienestar Social y de la Residencia», además de la realización de pruebas PCR por parte de la propia edil Cerdà y del alcalde Tomeu Cifre con cargo a los fondos del IB-Salut.
Desde el primer momento, la oposición ha denunciado que la vacunación y las pruebas PCR «incumplieron el protocolo establecido» y supusieron un «claro abuso de poder, falta de transparencia y mal uso de los recursos públicos», por lo que decidió denunciar el caso ante Anticorrupción.
Los tres partidos ya presentaron una moción de reprobación contra Cifre y Cerdà por estos hechos, aunque los partidos que conforman el equipo de gobierno tumbaron la propuesta.
