El ayuntamiento de Alaró ha remitido una misiva a la conselleria de Educación y Formación Profesional para que abone la cantidad de 38.834 euros más 2.000 euros en costas y el interés legal en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que falló a favor del Consistorio.
Esta cantidad económica fue reintegrada por parte del Consistorio en el año 2015, debido a que el departamento de Intervención de la comunidad autónomo dictaminó que el Ayuntamiento no contrató laboralmente al profesorado, sino que eran profesionales autónomos que facturaban por las horas realizadas.
El Ayuntamiento, por su parte, defendió en su recurso que la convocatoria no prohibía la contratación mercantil y que, por lo tanto, se ajustaba a las bases de la convocatoria. El litigio se remonta a una convocatoria de subvenciones del curso 2009-2010 que sacaba Educación para que los ayuntamientos impartiesen cursos de formación profesional básica.
En el caso de Alaró, se impartía el curso de auxiliar de instalaciones electrónicas y telecomunicaciones.
La sentencia argumentó que la resolución de reintegro del conseller de Educación no es conforme a derecho y, en consecuencia, la anula. Además, en el fallo, se argumenta «el deber de claridad completa en las acciones de la Administración», ya que considera que la convocatoria de subvenciones fue poco clara.
