Las negociaciones entre el Gobierno central y el Consell de Mallorca para encontrar una salida al deterioro del castillo de Alaró han avanzado sustancialmente en los últimos meses. Madrid ha aceptado ceder al organismo insular la propiedad de las murallas. Este acto administrativo permitirá la inversión en el mantenimiento de un monumento cuyo estado amenaza ruina.
El ministerio de Cultura ya ha comunicado su intención de subrogar este enclave histórico que es Monumento Histórico Artístico, la antigua denominación de un Bien de Interés Cultural, desde 1931. Según las informaciones facilitadas al alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, se está a la espera de que el Consell aporte varios documentos para cerrar el traspaso. Uno de estos informes es una memoria que justifique las razones por las que se reclama la propiedad. El otro es un compromiso de mantenimiento. Este segundo requisito resulta cuando menos curioso, porque el Gobierno central nunca ha movido un dedo ni invertido un euro para restaurar el castillo.
Los dos informes requeridos por Madrid se encuentran en fase de elaboración. Después se llevarán al pleno del Consell, paso imprescindible para seguir la tramitación. La intención es que la aprobación del pleno llegue cuanto antes, «en marzo si fuera posible», según fuentes del organismo insular.
La propiedad de la cima del monte se divide en tres partes. La de la ermita es del obispado y el ayuntamiento alaroner, la zona boscosa es particular y la amurallada es propiedad estatal al menos desde el siglo XIX. El Govern había anunciado la compra de la parte privada con fondos de la ecotasa. Sin embargo, al inicio de la pandemia pospuso la inversión, de poco más de un millón de euros, para destinar este dinero a los gastos derivados de la pandemia.
Distintas instituciones, entre ellas el ayuntamiento de Alaró y la asociación cultural Al Rum, reclamaron que este retraso no supusiera más dejadez en la conservación de las murallas. El Consell de Mallorca no puede actuar porque las fortificaciones son propiedad del Estado, en concreto del ministerio de Hacienda, aunque adscritas al de Cultura. La solución pasa por una cesión de la zona arqueológica. Esta salida se ha estado negociando durante meses, pero no se ha podido avanzar decisivamente hasta que se ha encontrado a la persona adecuada en Madrid y se ha manifestado una voluntad política de traspaso de la propiedad.
La delegada del Gobierno, Aina Calvo, ha informado al alcalde de Alaró de que la decisión política está tomada. Quedan por resolver cuestiones burocráticas.
Cómo pasó o retornó el castillo a propiedad del Estado es una historia alambicada. El castillo y la finca de la parte superior del monte se vendieron en 1811 y fueron adquiridos por el pueblo de Alaró gracias a una cuestación popular impulsada por el párroco Francesc López. Pese a ello, el Gobierno se hizo de nuevo con la titularidad en 1885 por «incautación que se efectuó en virtud de las leyes de desamortización». De nada sirvieron las protestas de los alaroners, que contemplaron impotentes cómo Madrid vendía por segunda vez, en este caso a particulares, su propiedad.
Que la última venta no contemplaba toda la finca se descubrió gracias a un documento de 1965. El ministerio de Hacienda comunicó al propietario de la possessió de es Verger, que su terreno era «colindante con la propiedad del Estado», en referencia a la zona de las murallas. Cuatro años después, Hacienda adscribió la titularidad al ministerio de Educación y Ciencia.
La tutela estatal no ha servido para un buen mantenimiento del monumento. Aunque los presupuestos del Estado de 2009 preveían, a instancias del senador Pere Sampol, una inversión de tres millones de euros hasta 2012, no se gastó ni un euro. De nada sirvió que la ministra de Cultura de la época, Ángeles González Sinde, reafirmara en el Senado la necesidad de restaurar el castillo y que, además, había fondos para hacerlo.
La cesión al Consell de Mallorca es una oportunidad para evitar el colapso de las edificaciones. El alcalde de Alaró ha explicado que la Fundació Castell d’Alaró y el propio Ayuntamiento podrían aportar fondos, aunque la mayor parte de la inversión, imprescindible para evitar la pérdida de otro bien histórico, debería proceder del organismo insular.
Un castillo en ruinas
El estado de murallas, torres y aljibes del castillo de Alaró es lamentable. El deterioro es más que evidente. Las murallas próximas a la torre del homenaje necesitan reparaciones, especialmente el aljibe y el portal de alguna torre que ha perdido el arco a causa del vandalismo. El conjunto de aljibes de origen islámico situados más allá del oratorio tiene uno apuntalado. La torre de la Cova de Sant Antoni, popularmente denominada sa Presó des Moros, amenaza ruina inminente. La cita de las patologías podría ser larga, pero se resume en que el lugar donde los cristianos resistieron ocho años y seis meses tras la invasión musulmana del 902, el castillo conquistado por Jaume I en 1231 o el escenario en 1285 de la defensa de Cabrit y Bassa puede colapsar por la desidia mostrada por el propietario, que, todavía, es el Estado.
