El ayuntamiento de Sóller no se moverá ni un ápice de su postura y evitará por todos los medios que se dé luz verde a la urbanización de Muleta II, a pesar de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) estime todo lo contrario.

Catalina Esteva, concejal por la formación política Més y responsable del área Ajuntament del segle XXI aseguró ayer que el municipio mantendrá su postura "hasta el final". La concejal hacía esta afirmación después de que expirara el plazo dado por la empresa Birdie Son Vida, sociedad vinculada a Mathias Künh, en el que concedía un período de dos meses para que el municipio tramitara los cambios urbanísticos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el fin de desarrollar la urbanización.

Este plazo de dos meses concluyó la semana pasada y, en su escrito remitido al ayuntamiento, la propietaria de la urbanización advertía de que si sus peticiones no eran tenidas en cuenta recurriría a los tribunales. En esta ocasión para reclamar una indemnización de cien millones de euros.

Catalina Esteva explicó que el Ayuntamiento no tiene previsto modificar el planeamiento urbanístico de acuerdo con las pretensiones de Mathias Kühn. En este sentido apunto que el municipio recabará la colaboración de Govern balear a quien podría solicitar la derogación de los artículos de la denominada Ley Company que sirvieron para que los tribunales declararan urbano los terrenos de Muleta II.

La resolución judicial del TSJB fue tomada en julio de 2013 a partir de un acuerdo entre Kühn y el Govern. La administración reconoció que los terrenos eran urbanos a cambio de que el empresario inmobiliario retirara la demanda que había interpuesto contra el Govern en la que reclamaba una indemnización de cien millones. El instrumento jurídico que sirvió para cambiar la calificación urbanística de Muleta II fue la Ley Company, con la que se dio esquinazo a la moratoria urbanística de 2008 con la que Muleta pasó a ser terreno rústico.