El Govern, el Consell y el ayuntamiento de Deià aportarán 145.000 euros cada uno para la demolición de dos de las cuatro casas ilegales de Llucalcari. Tras casi un cuarto de siglo de pleitos, los trabajos de derribo empezarán el mes que viene y la previsión es acabarlos en enero. La demolición de las otras dos viviendas se realizará durante 2011, aunque en este caso la iniciativa aún no se ha presupuestado.

Ayer, la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol; la consellera insular de Territorio, Maria Lluïsa Dubón; el conseller de Obras Públicas del Govern, Jaume Carbonero, y el alcalde de Deià, Jaume Crespí, suscribieron el acuerdo de financiación para demoler las casas.

Armengol resaltó la importancia de restituir los "valores paisajísticos" a este enclave natural y más aún, dijo, en un momento en que la Serra de Tramuntana se está jugando obtener la declaración de Patrimonio Natural de la Unesco. Carbonero incidió en el carácter "ejemplarizante" de la demolición para lanzar un aviso "a aquellos que tengan la tentación" de incurrir en alguna ilegalidad urbanística.

Cuando se le preguntó a Dubón respecto a si el coste del derribo era excesivo comparándolo con otras operaciones recientes como la de la casa ilegal del ex alcalde Eugenio Hidalgo, la consellera respondió que no eran casos comparables. "Estamos hablando de chalés con unas dimensiones considerables, hechos con materiales sólidos. Y situados en un espacio recóndito. Esto hace que no pueda ir maquinaria pesada y que el derribo se tenga que hacer casi de manera artesanal, lo que dificulta los trabajos", argumentó.

Así, Dubon prosiguió que si una operación de estas características se suele completar en una semana, en este caso harán falta "dos o tres". Expresó su confianza en que para principios de año la demolición haya acabado.

El alcalde de Deià aseguró tras la firma del convenio de colaboración que ayer era un "día histórico" para el municipio.

Crespí no aludió en ningún momento directamente al hecho de que Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) le condenó a pagar una multa semanal de 600 euros por no ejecutar la demolición impuesta por el Supremo. Pero sí que quiso dejar claro que el Ayuntamiento "nunca ha querido obstaculizar a la justicia".

"Si el acuerdo no se ha firmado antes, no ha sido por dejadez. Ha sido porque se han tenido que dar los pasos administrativos necesarios hasta llegar al día de hoy", manifestó.