Un vecino presiona el desalojo de dos familias en su finca con una empresa de desokupación

El Sindicat d’Habitatge de Palma denuncia el «acoso» que están sufriendo para que «este hombre pueda vender su piso sin ningún impedimento»

Miembros del Sindicat d’Habitatge de Palma, ayer. | N.CUÉLLAR

Miembros del Sindicat d’Habitatge de Palma, ayer. | N.CUÉLLAR / nair cuéllar. palma

Nair Cuéllar

Nair Cuéllar

El Sindicat d’Habitatge de Palma (SHP) denunció este lunes el «acoso» que están viviendo dos familias del barrio palmesano de Son Oliva-Plaza de Toros por parte de una empresa de desokupación. Según explican, un vecino ha contratado este servicio con el único objetivo de «expulsarles» para poner en venta su casa.

Destacan que, aunque no es el propietario de ninguna de las dos viviendas- los dueños son los fondos de inversión Coral Homes y Talismán- actúa de esta forma para «poder vender su piso sin ningún impedimento», ya que los afectados no están en estos momentos pagando ninguna renta, lo que, se entiende, percibe como un perjuicio para su futura operación inmobiliaria.

Cuentan que durante las últimas semanas, la empresa ha acudido al edificio y ha puesto en marcha diferentes métodos para «coaccionar y meter miedo» a las dos familias —integradas, una por una madre con sus dos hijos, y otra por dos trabajadores— para que abandonen sus casas. 

La última medida con la que han amenazado a los afectados ha sido establecer un control de acceso al bloque. «Es una medida ilegal para usurpar las casas para obtener un beneficio económico», criticaron ayer desde el sindicato, que convocó una rueda de prensa en una calle aledaña a las viviendas en cuestión. En este sentido, señalaron que estas prácticas, «propias del fascismo», cuentan con la «permisividad de las instituciones burguesas», además de añadir que las empresas antiokupación «forman parte del entramado de instituciones para garantizar la propiedad privada y la división de la sociedad en clases».

"Criminalización contra la okupación"

Además, denunciaron la «fuerte criminalización contra la okupación y contra los pobres» que están llevando a cabo estas empresas y, ante este «clima de inseguridad» creado, culparon a la burguesía de tener «vía libre para justificar acciones violentas contra la clase trabajadora, un proceso de la clase media que apunta que el origen de todos los males son los pobres y por lo tanto justifica estas medidas de violencia antiproletariado».

El sindicato de vivienda concluyó afirmando que aunque «la violencia contra la clase trabajadora empeora cada día más», la organización y la solidaridad serán el camino para hacer frente a los ataques. «Frente a las amenazas y coacciones fascistas, creemos un poder propio que nos permita avanzar posiciones en la lucha de clases».

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