Conflicto vecinal por un muro que impide el paso de 36 coches a un aparcamiento en el barrio de Ciudad Jardín

Un muro que bloquea el paso a un garaje con 36 plazas de aparcamiento ha generado el malestar de toda una comunidad de vecinos en la calle Can Fonoll, en el barrio de Ciudad Jardín.

«Llevamos casi treinta años esperando para utilizar este parking. Cuando ya lo tenemos listo, nos plantan una pared en medio y nos impiden utilizarlo», lamenta la presidenta de la comunidad de vecinos afectada, Mari Carmen García. Las 36 plazas de aparcamiento se ubican en el solar contiguo a la comunidad, en el número 20 de la calle. Los residentes alegan que tienen derecho de paso al tráfico peatonal y rodado, tal y como se establece en las escrituras de la propiedad.

Sin embargo, poco después de concluir las obras para habilitar el parking, el solar se vendió al arquitecto Andreas Hummel, que está construyendo una vivienda de lujo en la planta superior. El ayuntamiento de Palma le ha concedido la licencia de obra para el proyecto, si bien le ha solicitado, como detalla en el informe técnico, que cierre los límites de su parcela en el sótano, donde se ubica la rampa de acceso a los 36 garajes. «Entiendo el malestar de los vecinos, pero yo necesito acabar la obra y el propio Ayuntamiento me ha ordenado construir este muro», señala Hummel. La pared se encuentra justo después de la rampa de acceso al sótano, entre la entrada al solar y las plazas de garaje.

El arquitecto también aporta un documento firmado por el departamento de Urbanismo que certifica la ineficacia de la declaración responsable de las obras del parking, y que, por tanto, constata que no se ajustan a la legalidad. «Nuestro abogado les ha reclamado varias veces que aporten una licencia de obras válida y vigente. En el momento que la aporten la pared será derribada», asegura.

Arquitecto y comunidad de vecinos no han llegado a un punto de encuentro y el conflicto ha acabado en más de una decena de denuncias. Las escrituras que aportan los vecinos constatan, literalmente, una «servidumbre de paso peatonal y rodada» en el sótano, que a la práctica significa que tienen derecho a atravesar la propiedad de la otra persona para acceder a su propia propiedad. Niegan que el parking sea «ilegal», como alega Hummel, y de hecho llevan años pagando el IBI correspondiente a la propiedad del solar, pese a que no puedan utilizarlo.

«Pedimos al Ayuntamiento que derribe el muro, ya que llevamos años pagando nuestros impuestos, y que podamos usar nuestro garaje que tanto dinero nos ha costado», comenta García, que cifra en unos 10.000 euros por plaza la factura de las obras de rehabilitación del aparcamiento. De hecho, el propio Hummel tiene una plaza en este recinto.

«No entendemos por qué el Ayuntamiento ha dado licencia para construir este muro con lo que perjudica a los vecinos», lamenta la presidenta de la comunidad: «Son necesarios y más en esta zona, ya que por la proximidad a la playa y los restaurantes nunca hay sitio para aparcar». La mayoría de propietarios de los garajes forman parte de este residencial, aunque también los hay de viviendas cercanas, que se interesaron por comprar una plaza cuando todavía estaban en construcción. Está por ver si, al final, se podrán utilizar.

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