La Defensora advierte de que la salida de la pandemia ha ahondado la "brecha digital" de los ciudadanos

La Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilannen, ha advertido esta mañana en la presentación de la memoria de su departamenteo correspondiente al año pasado que la "salida" de la pandemia "ha provocado dinámicas hacia una nueva realidad que es todo menos la normalidad que habíamos previsto, hasta el punto de que cada vez un número importante de la ciudadanía no se ha podido acercar a la Administración para exponer sus cuestiones porque si cita previa no se atiende a nadie o porque simplemente ha desaparecido la atención a la ciudadanía en formato presencial".

Lo anterior "es un hech" que se da en el Ayuntamiento de Palma que, tal como recuerda la Defensora "representa una vulneración del derecho de los vecinos" que, tal como indica la legislación vigente, "tienen que poder elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para ejercer sus derechos a través de medios electrónicos o no".

En su comparecencia ante el pleno, la Defensora, ha insistido en que la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo "es clara al respecto". Pese a ello, "los pasos para recuperar la presencialidad dados en el Ayuntamiento de Palma son casi nulas".

Sobre la cita previa, si bien en 2021 ya avanzaba el problema de la presencialidad y los obstáculos para acceder a la atención en algunos servicios municipales, a lo largo del año pasado "lejos de resolverse" se han producido un incremento importante de expedientes relacionados con las dificultadas tanto para la obtención de cita previa, "de origen muy diverso y que afecta tanto al canal digital como al presencial" que, en muchos casos, conlleva "la pérdida de derechos".

Moilanen ha puesto como ejemplo de lo anterior la "situación vivida en el servicio de Multas" en el que "por falta de recursos y problemas en las notificaciones, se obtiene cita previa en muchos casos cuando ya han finalizado los plazos para la presentación de alegaciones, con la consiguiente pérdida del pago con descuento". O en el caso de los servicios de Información Urbanística, Licencias de Actividades o Población, para la formalización del empadronamiento.

La Defensora insiste en que "no se trata de casos aislados y ha afirmado que "aún hoy, obtener cita previa en muchos casos es cuestión de suerte y no una herramienta de organización, como debería ser".

En su séptima memoria de Moinanen presenta ante el pleno del Ayuntamiento ha expuesto también la "contradicción" que supone el hecho de que, por una parte los ciudadanos no siempre pueden escoger la vía por la que han de ser atendidos por la Administración y, por otra, aquellos que prefieren la vía digital, "disponen de una normativa que les da derechos, pero que en la práctica no pueden ser ejercidos. Es el caso, por ejemplo, de la imposibilidad de que Cort pueda notificar masivamente por vía digital las notificaciones de multas, "con las consecuencias que todos conocemos a lo largo de 2022".

También ha insistido en la necesidad de incrementar los recursos humanos y materiales ya que la "infradotación de recursos" afecta a las "condiciones laborales, originan saturación de los servicios municipales, tanto presenciales como en líneqa, dilatan las tramitaciones en el tiempo de forma inexcusable, general situaciones de silencio administrativo injustificables y producen situaciones que provocan impunidad e indefensión".

En relación a los datos expuestos en la memoria, Moilanen ha señalado que en 2022 la Oficina ha recuperado las cifras prepandémicas, con 543 expedientes trabajados, de los cuales se han resuelto el 83,4%, seis de ellos de cada diez a favor de la ciudadanía

A efectos estadísticos ha señalado que el tiempo medio de resolución para los expedientes iniciados a lo largo del año pasado fue de 46 días. No obstante, ha indicado que el tiempo de respuesta a la ciudadanía ha sido superior al de años anteriores, "porque nos resistimos a considerar como resueltos nuestros expedientes cuando las áreas aún no lo han hecho". En este sentido ha puesto sobre la mesa una vez más la problemática surgida en barriadas vulnerables como la del Camp Redó, o el cambio del ascensor exterior de la plaza Major, cuya solución "llega demasiado tarde porque muchas personas han sufrido desde 2008 su deficiente funcionamiento".

Entre las reclamaciones más señaladas ha indicado la falta de regulación de las caravanas y autocaravanas, la falta de inversión en el mercado del Camp Redó, pese a los dos millones de la Capitalidad disponibles para este fin; , la falta de criterios por lo que respecta a las notificaciones presuntamente fraudulentas, las demoras excesivas en el otorgamiento de vados permanentes, la dificultad de acceso a los archivos de Can Bordils, las dificultades para acdeder a los taxis adaptados y las molestias de vehículos en el estacionamiento de la Policía Local, entre otras.