Suspendido un desahucio de un padre con tres hijos en la barriada del Vivero

El afectado se encuentra en situación de baja laboral por enfermedad común desde hace aproximadamente un año

Vecinos y militantes de Stop Desnonaments en la calle mestre Perosi

Vecinos y militantes de Stop Desnonaments en la calle mestre Perosi / Martí Aloy

Martí Aloy

Juan, padre de 3 hijos de 5,7 y 9 años de edad se ha enfrentado hoy a la tercera fecha de lanzamiento frente al Banco Santander. Según la plataforma Stop Desnonaments el desahucio no se ha llevado a cabo por falta de agentes (5 policías) para ejecutarlo. Aunque la comisión judicial y los abogados han fijado como nueva fecha el 14 de noviembre a las 9:15 de la mañana.

El artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento civil da un mes para el desalojo de la vivienda y un mes más si existen y se presentan motivos infundados. Juan presenta entre otros: la baja laboral que sufre desde hace más de un año, la petición de reconocimiento de discapacidad, la reducción de ingresos de la pensión temporal, la petición a Servicios Sociales de un realojamiento, la falta de apoyo familiar por motivos de defunción y lejanía y ninguna vivienda en propiedad.

Momentos antes del inicio del intento de desahucio

Momentos antes del inicio del intento de desahucio / Martí Aloy

"Con escasos ingresos, con 3 menores a cargo y a la espera de reconocimiento de discapacidad, mi situación económica me impide poder acceder a una vivienda de alquiler a precio de mercado" apunta el afectado. Además suplica que se acepten estos motivos para tener un poco más de tiempo para cambiar esta situación "que no beneficia a nadie".

Se reitera la petición de aplazamiento dada la «obviedad» de los motivos. Desde hace ya un año tiene que encargarse de forma unilateral de la manutención, cuidado y educación de sus 3 hijos menores de edad y todo esto con un sueldo que de cada vez «disminuye más y más» comenta Juan. La próxima fecha acordada para el lanzamiento está datada a mediados de noviembre. El afectado espera poder tener un abogado de oficio para reclamar por sus derechos fundamentales.