Movilización vecinal contra uno de los iconos de Ciudad Jardín. A través de la plataforma change.org, el histórico restaurante Bungalow ha recogido 4.000 firmas en dos días contra las intenciones de Demarcación de Costas de derribar el edificio, situado en la primera línea del barrio costero de Palma.

Laura Aguiló, una de las propietarias del negocio, denuncia que "la actual política agresiva de la Demarcación de Costas pretende eliminar de nuestras costas los restaurantes de toda la vida, sin atender a la antigüedad y arraigo de nuestros negocios", subraya. Y añade que Costas no solo les ha "denegado la concesión para trabajar como restaurante sino que pretende demoler la casa y el solárium público que hay en frente", cuando ambas construcciones están levantadas "sobre roca viva (no sobre arena) y sería imposible su disfrute a partir de ese momento".

Aguiló recuerda que el restaurante Bungalow "es un negocio familiar que lleva cuatro generaciones y casi cuarenta años trabajando en Ciudad Jardín". Y añade: "La casa se construyó en los años veinte del pasado siglo. En los años 80 obtuvimos los permisos necesarios para convertirlo en restaurante. Hoy por hoy somos un referente tanto para el público mallorquín como para el foráneo, por él han pasado políticos y artistas y se han grabado anuncios para promocionar la isla". El restaurante Bungalow cuenta con una plantilla de diez trabajadores fijos todo el año y nueve fijos discontinuos.

La recogida de firmas no solo se circunscribe a la plataforma change.org. También se recogen firmas en el propio restaurante y en muchos otros negocios de Ciudad Jardín y el Coll den Rabassa, donde se han repartido carteles.

La denuncia del GOB ante Demarcación de Costas

El grupo ecologista GOB denunció el pasado mes de junio la "inacción" de la Demarcación de Costas frente a ilegalidades persistentes de ocupación del dominio público en Baleares, como las que cometen dos restaurantes de la zona del Coll den Rabassa y Ciutat Jardí de Palma.

"¿Qué ocurre en las costas de las Islas Baleares, donde durante décadas muchos restaurantes y quioscos ocupan el dominio público marítimo terrestre sin ningún título administrativo, o incluso con solicitudes denegadas y siguen explotándose con toda normalidad sin que la administración responsable tome las medidas para restablecer la legalidad?", cuestionó la entidad.

El GOB realizó esta comunicación después de haber recibido respuesta de la Demarcación de Costas a dos denuncias que presentó, reiterando otras anteriores, por dos restaurantes que funcionan sin disponer de ningún título administrativo. En la denuncia, el GOB reclamaba que se ordenara la retirada de las ocupaciones y el restablecimiento de la zona a su estado anterior.

Una denuncia hacía referencia al restaurante Bungalow, junto a la playa de Ciutat Jardí, dentro de zona de dominio público marítimo terrestre, por considerar que no disponía de la preceptiva concesión administrativa, tanto para su construcción como para la explotación de la actividad de restauración.

La otra se refería al restaurante El Peñon, a unos doscientos metros de distancia del anterior, con una ocupación derivada de una concesión de 1960 que caducó en 1999 por haberse cometido infracciones graves consistentes en ocupar 328 metros cuadrados más de los inicialmente autorizados, que sólo eran de 131 metros cuadrados. Una sentencia de 2003 extinguió el derecho a la ocupación del dominio público marítimo terrestre, lo que implica obligatoriamente la retirada de toda la ocupación existente, según el GOB.

La Demarcación de Costas confirmó al grupo ecologista que ambos restaurantes no disponen de ningún título administrativo que les permita el empleo y su explotación comercial del dominio público.

El Bungalow está pendiente de resolución una solicitud de legalización del restaurante y la terraza presentada en enero de 2021, por lo que el GOB denuncia que "no dispone de la previa concesión y así lleva más de 40 años". En cuanto al restaurante El Peñon, tampoco dispone de ninguna concesión y existe una Orden Ministerial de 2010 de denegación de concesión de otra solicitud de legalización. El GOB cuestiona que este tipo de negocios que ocupan el dominio público marítimo terrestre sin ningún título administrativo puedan seguir funcionando.