La presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, intervino ayer en el pleno para reclamar una mejora en la normativa para la concesión de subvenciones a las entidades vecinales y lamentó el exceso de burocracia existente en estos momentos para la concesión de las ayudas.
Alcázar criticó que la ley general de subvenciones de 2005, aún en vigor pese a los sucesivos gobiernos que desde entonces han pasado por la Moncloa, esté hecha «para las empresas, y no para entidades como las nuestras de carácter local y no lucrativo».
La presidenta vecinal se opuso a la propuesta de Ciudadanos, que fue rechazada también por el equipo de gobierno, por la que se proponía medir el grado de transparencia en el área de Participación Ciudadana mediante la realización de una auditoría anual y crear «40 indicadores que debe cumplir Cort para garantizar la transparencia y la calidad de los procesos participativos».
En opinión de Alcázar «lo que no se puede hacer en nombre de la transparencia es exigir más indicadores y más y más revisiones, porque están a punto de convertirnos en invisibles».
Exigió al equipo de gobierno que «tramite de una vez las subvenciones y abonen ya el primer pago, además de iniciar también el proceso de modificación de la ordenanza para facilitar la tramitación de los gastos de personal de las entidades».
