El ayuntamiento de Palma tendrá que asumir finalmente el coste económico que representaron las obras de urgencia cometidas sobre el paseo de Cala Gamba, que sufrió graves destrozos como consecuencia de un temporal ocurrido en el año 2017. Cort tuvo que llevar ante los tribunales a la administración del Estado, al entender que las obras acometidas se realizaron sobre un espacio propiedad de Costas. El precio de las obras, que permitieron la utilización pública de este paseo peatonal, alcanzó casi los 200.000 euros. Cort solo exigía al Estado el pago íntegro de dicha reparación, sin exigirle el abono de los intereses.
Antes de iniciar las obras, Demarcación de Costas de Balears fue informada de los daños ocasionados por el temporal, pero no adoptó ninguna medida. Apelando a razones de seguridad el ayuntamiento de Palma decidió llevar a cabo la reparación, asumiendo el coste de su presupuesto.
El paseo de Cala Gamba es propiedad del Estado, pero el mantenimiento le corresponde al ayuntamiento. Ambas administraciones firmaron un convenio en el año 2005, después de la construcción del paseo peatonal, que iba desde es Carnatge a la playa de Can Pere Antoni.
El tribunal, para resolver este conflicto entre administraciones, ha analizado el alcance de los daños ocasionados en el temporal ocurrido hace cinco años. Daños que se produjeron en un antiguo muro que ya existía antes de que se realizara la amplia reforma del paseo peatonal. Esta estructura ya existía hace más de medio siglo, según ha podido constatar el tribunal mediante unas fotografías del mapa urbanístico de Palma. Sobre dicho muro, precisamente, se construyó el paseo para peatones, un carril bici y una zona de circulación de vehículos. Bajo este criterio el tribunal entiende que la zona donde se produjeron los daños del temporal, las obras realizadas afectaron tanto al muro como al paseo marítimo. Sin embargo, afirma la sentencia las obras de reparación del muro las debe asumir Cort y no el Estado.
