Alguien en Els Hostalets de Palma, harto de ver la imagen de su barrio maltratada, escribió sobre una pintada vandálica una expresiva frase: «Batle, això no és Harlem».
Cuando en los años 70 se mostraban imágenes de ese barrio de Nueva York, siempre se veían callejones con paredes llenas de pintadas que contribuían a trasladar un ambiente de suciedad, abandono, discriminación y violencia.
Pasearse ahora por muchos lugares de nuestra ciudad evoca, efectivamente, aquella época y aquel lugar. La gente normal siente vergüenza y pese a los anuncios de que el civismo en general y la lucha contra las pintadas en particular, es una prioridad municipal, las medidas que se toman llegan muy tarde y hay quienes nos tememos que van a servir de poco.
El departamento de Infraestructuras ha necesitado nada más y nada menos que un año y medio para rehacer unos pliegos y convocar un concurso al que se deben presentar empresas que opten a limpiar pintadas. Pero solo de lugares públicos que tienen protección patrimonial. Si se presenta alguna empresa al citado concurso –no olvidemos que hace 18 meses el mismo quedó desierto– y no hay otra que presente recursos en contra, y una vez superados los papeleos que Patrimonio exigirá, quizás, con mucha suerte, al cabo de muchos meses se borre alguna pintada de la muralla renacentista o del entorno del Castell de Bellver. Pero no desaparecerán las del Instituto Joan Alcover ni las de la Escuela d’Art ni de las consejerías del Govern, ni las del Teatre Principal, ni las del antiguo Hospital Militar. Eso por citar sólo algunos edificios catalogados que son públicos. ¿Por qué? Pues porque son competencia de otros. ¡Ah!, y los catalogados pero que son de propiedad privada, víctimas todos de los vándalos a los que no controlan los responsables del orden público, ya se apañarán. Ni ayudas ni facilidades ni nada.
Por otro lado EMAYA, quizás la única entidad que como mínimo ha hecho algo, acaba de anunciar que, bajo petición previa, limpiará las agresivas pinturas de las paredes privadas de edificios no catalogados, cobrando una cantidad no muy elevada por cada servicio. Si vuelven a pintar, vuelven a cobrar. No han encontrado otra solución legal y eficaz. No pueden no cobrar. No pueden limpiar si no se lo piden. No pueden obligar a los especuladores que poseen edificios degradados y vacíos y que pasan olímpicamente del aspecto de sus inmuebles, a recuperar el decoro. Solo pueden, legalmente, hacer lo que ofrecen. Triste y prueba de hasta qué punto la rigidez de la administración va en contra de la ciudadanía.
¿Se imaginan lo caro que sale dar un servicio de limpieza que dura unos treinta minutos en varios puntos alejados uno de otro y lo barato que sería, por el contrario, limpiar toda una calle de golpe? Las normas de algunas empresas públicas y de la Administración en general, van a veces en contra de ellas mismas y desde luego, no están realmente al servicio de la ciudadanía.
Y efectivamente, tal y como deben pensar, la vigilancia y la persecución de la infracción o el delito, ni está ni se le espera. No nos podemos conformar. Hay que remover lo necesario para que en este tema y en muchos otros los resultados de la acción administrativa sean los que necesitamos. Si la administración es un obstáculo para ella misma, que cambien lo que sea necesario mejorar. Los responsables políticos, quienes gobiernan y quienes están en la oposición, deben cumplir con su obligación de eficacia y justicia huyendo de la pasividad, la excusa o la resignación. Es su obligación.
