La Guardia Civil registró Emaya y el domicilio de la exgerente de la empresa municipal Imma Mayol el pasado miércoles a raíz de un posible delito medioambiental. Efectivos del Instituto Armado inspeccionaron las oficinas municipales e intervinieron el ordenador y teléfono móvil de la antigua número 2 del organismo público con el objetivo de encontrar documentación relacionada con un delito contra la flora y fauna en la Bahía de Palma, sobre todo a causa del mal estado del emisario submarino. Dichos registros se produjeron simultáneamente y los agentes también accedieron a ordenadores y móviles de otros directivos de la empresa.
La investigación, dirigida por el juzgado de instrucción número 2 de Palma, se halla bajo secreto de sumario y parte de una denuncia auspiciada por el sector náutico contra Emaya por los vertidos de aguas fecales al mar. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) lidera las pesquisas, que se extienden más allá de los vertidos, según fuentes judiciales. Los efectivos iniciaron la búsqueda de información hace tiempo, porque esta denuncia fue interpuesta en septiembre del año pasado, tras la polémica por los frecuentes cierres de playas de Palma durante el verano, cada vez que llovía y se mezclaban aguas pluviales y sucias en el mar.
El caso podría derivar en una investigación a la conselleria de Medio Ambiente del Govern, ya que desde el sector náutico se ha denunciado también su inacción frente a los vertidos y por el hecho de no haber abierto nunca ningún expediente a Emaya. Las acciones judiciales del sector, respaldado por la federación de asociaciones conservadoras Ciutat de Palma, están enmarcadas en una guerra abierta contra las instituciones gobernadas por la izquierda. En numerosas ocasiones, han hecho público su malestar debido a las restricciones impuestas por el Pacto de Progreso a la navegación para proteger la posidonia y por el hecho de que se criminalicen sus actividades.
El problema de los vertidos y el deficiente estado y antigüedad de la depuradora de Palma colea desde hace décadas y, durante la pasada legislatura, la empresa municipal Emaya impulsó varias actuaciones para solventarlo, como la adjudicación y el inicio de las obras de construcción del colector intersector y del tanque de laminación junto a la depuradora. Con ambas infraestructuras se paliarán los vertidos de fecales los días de lluvia, aunque la gran obra para acabar con el problema es la creación de otra depuradora que sustituya a antigua.
El Ayuntamiento de Palma cuenta con el compromiso del Gobierno central de acometer este importante y costoso equipamiento. En caso de que no fuese así, el nuevo concejal de Emaya, Ramón Perpinyà, considera que es imprescindible que el Govern balear lo sufrague a través de la Ley de Capitalidad o el canon de saneamiento. La empresa municipal y la conselleria de Medio Ambiente aprobaron el plan de saneamiento la pasada legislatura y lo comenzaron a aplicar con obras como el colector. Además, desde entonces, impiden el baño en la playa colocando la bandera roja cada vez que se produce un vertido, hecho que no se producía en los mandatos del PP, tal como denunció en reiteradas ocasiones el exalcalde Antoni Noguera.
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