La junta de gobierno del Ayuntamiento de Palma aprobó este miércoles contratar servicios jurídicos externos para poder desalojar las 95 viviendas que todavía quedan en Son Banya y reanudar los derribos a partir del tercer trimestre de este año. Cort destinará 247.000 euros para contar con abogados y procuradores que se encarguen de los trámites judiciales para poder erradicar el poblado antes de finales de 2020.
La regidora de Bienestar, Mercè Borràs, explicó también que se elaborará un nuevo censo de habitantes de Son Banya, ya que en estos momentos se desconoce el número exacto de personas que viven en esas 95 casas.
La contratación de los servicios jurídicos implicará la interposición de una demanda a cada una de las familias que están ocupando esos albergues, declaró Borràs. La regidora mantiene que para finales del próximo año se habrá cumplido con el plan de eliminación del poblado.
La segunda fase de este plan implicará desalojar y derribar el doble de chabolas que las eliminadas durante la primera fase, que finalizó el pasado marzo. Sobre esta cuestión, Borràs comentó que el nuevo pliego de condiciones para derribar las construciones se mejorará y que se podrá cumplir con la previsión de finalizar en 2020.
También mencionó que se sigue trabajando para conseguir viviendas para las familias desalojadas, la falta de ellas ha sido un "problema muy importante" y ha impedido la salida de más vecinos de Son Banya durante la primera fase, según reconoció.
En esa primera fase, recordó este miércoles Cort en una nota, "se ejecutaron con éxito 42 órdenes de desalojo", entre julio de 2018 y marzo de 2019.
En ese periodo, salieron del poblado un total de 117 personas, 68 adultos y 49 niños.
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