Gonzalo Márquez, abogado de las familias desahuciadas de Son Banya, insiste en que el Ayuntamiento ha cometido “errores en el trabajo de campo” y que ha dejado fuera del plan de realojo a familias con derecho a ayudas sociales, sin recursos y que se quedarán en la calle. “Ese problema se va a trasladar a la ciudad de Palma, porque dudo que se vayan a okupar o a buscarse la vida a Campos o sa Pobla”, afirma el abogado sobre las “previsibles” consecuencias.
Además, Márquez denuncia que a las familias que han entrado en el plan municipal de realojo, con una vivienda social, solo se les garantiza un techo por un máximo de tres años, cuando, según su testimonio, a los afectados se les había dicho que podrían permanecer en las nuevas viviendas de forma “vitalicia” mientras cumplieran con los requisitos.
En relación a esta cuestión, el portavoz de Ciudadanos en Palma, Josep Lluís Bauzá, visitará este lunes Son Banya para conocer la situación de las familias que están siendo desalojadas. Este encuentro, al que también asistirá el abogado, se producirá dos días antes de que se reanuden los derribos en el poblado, donde este año ya se han eliminado 23 albergues con orden de desalojo. Son 45 las viviendas que se tenían que derribar antes de fin de año, pero algunas se han aplazado hasta marzo.
Precisamente aplazar otros desahucios es lo que exige el abogado de los vecinos, hasta que se haya revisado el plan de ayudas sociales y se haya finalizado la investigación judicial sobre un posible delito ambiental por el tratamiento de la uralitaposible delito ambiental por el tratamiento de la uralita en el poblado. Hay que recordar que los moradores de Son Banya denunciaron al Ayuntamiento y a la empresa Adalmo por la gestión de los residuos con amianto y por abandonar uralita junto a las casas.
Los vecinos han presentado un informe pericial que constata la presencia de amianto en esa uralita en unos niveles tóxicos, mientras que Cort sostiene que era en un porcentaje admisible.
