La fiscalía teme que los hechos que ha denunciado el equipo de gobierno que encabeza el alcalde Isern, que se refieren a los contratos firmados con la empresa que construyó el sistema de recogida neumática de basuras de Palma, han prescrito. Si se confirma este temor, ni siquiera se tomará declaración a los políticos y empresarios que negociaron este contrato público, por lo que la denuncia quedará automáticamente archivada. Sin embargo, esta decisión todavía no se ha adoptado, ya que el fiscal Pedro Horrach está pendiente de un informe técnico que confirme o descarte estas sospechas de prescripción. Los hechos que ha denunciado el presidente de la empresa municipal Emaya, Andreu Garau, comenzaron en el año 1999, cuando el alcalde era Joan Fageda y José María Rodríguez era teniente de alcalde y vicepresidente de Emaya. La empresa municipal de Palma ha tardado quince años en comunicar a la fiscalía las sospechas de que se cometieron graves delitos durante el proceso de adjudicación del proyecto y durante la construcción de las obras. Se sospecha que el Ayuntamiento de Palma pagó sobreprecios por los trabajos y que también se abonaron unas facturas por actuaciones que no se hicieron.

Indemnización de 30 millones

El proyecto de la recogida neumática de residuos contó con un presupuesto económico de más de diez millones de euros, financiado con fondos municipales. Estaba previsto que el sistema de recogida tuviera un periodo de vigencia de unos 30 años. Sin embargo, no habían transcurrido ni diez años cuando el sistema falló y en estos momentos ni siquiera se puede utilizar. Al margen de la denuncia ante el fiscal, Emaya ha formulado una demanda a la empresa constructora, en la que le reclama una indemnización de más de 30 millones de euros por los perjuicios que ha sufrido al no poder utilizarse este sistema de recogida subterránea de basuras.

Pero no es la única denuncia que Emaya ha presentado ante el fiscal, que en estos momentos está investigando Anticorrupción. La empresa municipal ha denunciado a un antiguo responsable del área administrativa de la empresa de aguas que fue despedido por la actual dirección política de Emaya. Se descubrió que este antiguo empleado se habría dedicado a realizar contrataciones, en nombre de Emaya, con una empresa de servicios en la que tendría algún tipo de interés personal. Unos contratos que se habrían producido, según se sospecha, no solo en la actual legislatura, sino también en la época en la que Emaya fue dirigida por el Pacte de Govern del Ayuntamiento de Palma, presidido por la socialista Aina Calvo. Se sospecha que este empleado municipal, que mantuvo un duro enfrentamiento con la actual dirección de la empresa, habría supuestamente amañado un expediente de contratación para beneficiar a la empresa que le interesaba. El contrato tenía un presupuesto inicial de 130.000 euros que debían dedicarse al proyecto externo para la lectura de contadores y el precinto por impago. Sin embargo, Emaya, al descubrir el supuesto amaño del expediente, anuló el contrato y lo denunció a la fiscalía.