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Cort ordena apuntalar de inmediato la finca desalojada de Pere Garau

Los vecinos deberán contratar a una empresa que, en 15 días, asegure los forjados y evite el desplome del edificio Los 17 expulsados regresaron ayer a sus domicilios para recoger algunas pertenencias

Cort ordena apuntalar de inmediato la finca desalojada de Pere Garau

­Todos propietarios de la finca desalojada en el barrio de Pere Garau deberán cumplir con las medidas cautelares que ayer dictó el Ayuntamiento de Palma para que no haya riesgo de derrumbe de la finca. Y deberán hacerlo en menos de quince días.

El consistorio palmesano ha dado orden a los vecinos de que contraten de inmediato a una empresa de obras para que apuntalen las plantas afectadas de la finca sita en el número 6 de la calle de Francesc Pi i Margall.

Tras las inspecciones realizadas durante el fin de semana, los técnicos del departamento de Disciplina y Seguridad Urbanística de Cort han constatado "el grave estado que presentan los forjados de algunos pisos" por culpa de la humedad y tienen indicios de que la oxidación y desintegración de las vigas "pueden afectar a otras viviendas del edificio".

Por ese motivo, y para preservar la seguridad de los inquilinos, Cort ha decidido mantener el desalojo de siete de las diez viviendas del inmueble, así como del local situado en los bajos del edificio. Además del apuntalado de todos los forjados en mal estado, los funcionarios municipales también han decretado a los vecinos "la retirada de todos los falsos techos que se considere necesario", así como de todo aquel "material que pueda crear un sobrepeso sobre los forjados que están en mal estado".

Los diecisiete vecinos desalojados recibieron la noticia del decreto de Urbanismo ayer por la mañana, mientras regresaban durante unos minutos a las viviendas de su propiedad. Ayer por la mañana tuvieron la oportunidad de entrar a los siete pisos que ahora están vacíos, acompañados por los bomberos de Palma, para recoger algunas de sus pertenencias de primera necesidad.

Según anunció el presidente de la comunidad de propietarios, Francisco Javier Ortega, mañana se reunirán para decidir cuál es su respuesta al decreto municipal. En el supuesto de que los moradores no quisiesen cumplir la orden de Cort, el Ayuntamiento deberá garantizar la seguridad del edificio y apuntarlo, aunque luego pasará la factura a los propietarios de los pisos del inmueble.

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