La fachada marítima está toda entera a la espera de resolución judicial, con más de diez causas pendientes que hipotecan el futuro de 40.000 metros cuadrados y que pueden suponer para el Ayuntamiento un sobrecoste de 100 millones. La incertidumbre sobre ese espacio es tal que ni la sentencia que anula la protección de Gesa ni la que avala la legalidad de la compra del edificio por parte de Núñez i Navarro son firmes, sino que en ambos casos cabe la interposición de recursos, lo que aún prolonga más en el tiempo la incertidumbre sobre la zona, en la que incluso el constructor catalán ha llevado a los tribunales la modificación del Plan General que cambió los usos de los solares y modificó las propiedades, auténtico caballo de batalla de la disputa. Contemple ahora con calma el edificio de Gesa desprotegido y la incipiente zona verde de su alrededor. Es probable que dentro de unos años nada de eso permanezca en el tablero de ajedrez en el que Núñez y Cort disputan la mayor batalla urbanística que hoy en día está en curso en Palma. El tiempo juega a favor del constructor, mientras cada decisión judicial reordena las piezas en el tablero, aumenta la factura pública y demora cualquier concreción sobre la zona.
