Elecciones catalanas y gobernabilidad española

Los resultados de las elecciones al Parlament de Catalunya del 12 de mayo han provocado un verdadero terremoto en la política catalana. Por primera vez desde la recuperación del autogobierno, el PSC ha ganado las elecciones catalanas tanto en votos como en escaños, el independentismo ha perdido la mayoría parlamentaria -desde 1984 el nacionalismo mutado desde 2012 independentismo siempre había sido mayoritario- y existe una inédita mayoría matemáticamente posible de fuerzas no independentistas, PSC, PP y Vox, aunque políticamente esta suma resulte poco viable para obtener una investidura.

El retroceso del independentismo imposibilita un nuevo gobierno de ese signo. ERC parece ser consciente de ello y de la inevitabilidad de abrir una nueva etapa política. Así lo indican la afirmación del presidente Pere Aragonés de que ERC debe pasar a la oposición, su renuncia a recoger el acta de diputado y a permanecer en la primera línea política y el anuncio de la secretaria general Marta Rovira de no optar a la reelección en el próximo congreso de ERC previsto para el 30 de noviembre, así como el proceso de reflexión que iniciará Oriol Junqueras tras las elecciones europeas cuando abandonará la presidencia del partido, al menos hasta la celebración del cónclave. En cambio, Carles Puigdemont ya la misma noche electoral dio muestras de no querer asumir el resultado de las elecciones al insinuar la viabilidad de un gobierno independentista, de obediencia catalana dijo, y en los días posteriores se ha postulado como candidato a la presidencia de la Generalitat y ha emplazado a ERC y a CUP a sumar fuerzas nuevamente y al PSC a no obstaculizar su investidura y ha advertido de que mejor no intentar la de Salvador Illa con el apoyo de PP y Vox a riesgo de poner en peligro la mayoría de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

El voluntarismo de Puigdemont, sin embargo, está muy alejado de la realidad. La ausencia de mayoría independentista exige la participación directa del PSC en su investidura, además de la de ERC que ya ha dicho no. Y aunque no sea extraño últimamente que el candidato que resulta investido no sea el ganador de las elecciones sino el que queda en segundo lugar, esta pretensión en las actuales circunstancias resulta a todas luces descabellada, por mucho que se base en la hipótesis de que Sánchez estaría dispuesto a sacrificar a Illa para continuar en La Moncloa. Una hipótesis que quizás hubiese sido plausible si el independentismo hubiese retenido la mayoría y la distancia de Junts con el PSC hubiese sido menor pero que no se sostiene dados los resultados.

Y menos teniendo en cuenta que en realidad el margen de maniobra de Junts es muy limitado. ¿Qué va a hacer? ¿Propiciar una moción de censura y unir sus votos a los de PP y Vox saltándose el cordón sanitario que se ha autoimpuesto? ¿Votar en contra de los presupuestos y renunciar a exhibir logros ante el electorado mostrándose como una fuerza útil tal y como ha hecho en recientes votaciones? Nada de eso le resultaría muy favorable. Además, no hay que olvidar que la ley de amnistía está en juego, al menos hasta final de mes, y que a partir del 29 de mayo el presidente del Gobierno ya tiene vía libre para convocar elecciones, una posibilidad que puede resultar muy tentadora para librarse del yugo de los independentistas, al menos de los que hacen chantaje, si los resultados de las elecciones europeas le resultan mínimamente favorables. Por todo ello si la gobernabilidad y la continuidad de la legislatura están en algunas manos es en las de Sánchez.

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