Pagar a plazos de 10 euros una violación

«El guardia civil de La Manada propone indemnizar a la víctima con un plan de pago de 10 euros al mes». Este fue el titular de Caso Abierto con el que nos despertamos esta semana entre el asombro y la indignación, por revictimizar una y otra vez a la joven violada en Pamplona. Recordemos que Guerrero no solo cumple pena por la violación, sino también porque robó, además, el teléfono de la víctima. Así no podría pedir ayuda. El tipo ha pagado hasta ahora solo 1.675 euros. Hace ya casi cinco años que el Tribunal Supremo confirmó que los condenados debían abonar 100.000 euros de responsabilidad civil. Por ahora, solo han pagado entre todos 37.310 euros, y eso ha sido posible gracias al embargo de una vivienda que solicitó el juez porque hasta el momento, entre los cinco, solo habían aportado cantidades de entre 10 y 50 euros. Vamos, como un donativo casi.

La abogada de la víctima menciona que Guerrero no escribe ni una sola palabra de arrepentimiento hacia la joven y que detrás, como ya ocurrió con una carta anterior de El Prenda, está la búsqueda de beneficios penitenciarios. Recordemos que Guerrero ya ha cumplido la cuarta parte de su condena, por lo que puede pedir permisos. Con este plan que él propone, el pago a plazos sería otra tortura añadida a la joven. Si en un año solo recogería 120 euros, imaginen hasta cuándo tendría que estar la víctima esperando un dinero ya, además, devaluado hasta alcanzar la cantidad total.

Luego, al igual que pasó con Alves, dicen de las víctimas que son unas «aprovechadas» cuando la realidad mayoritaria es esta. Tipos que se declaran insolventes, muy listos en cometer el delito, pero que se limpian las manos cuando tienen que responder. A esto hay que sumar un drama más en todo el proceso de recuperación. En la misma semana del 8M descubrimos, en un reportaje de Público, que se deniegan tres de cada cuatro solicitudes de ayudas a las víctimas de violencia sexual. Es decir, la media es que se rechazan el 79% de las solicitudes. En 2023, solo se concedieron 89 ayudas: el mínimo histórico desde 2009. Se refieren, en concreto, a ayudas por incapacidad, invalidez o gastos terapéuticos. Y para ello tienes que entregar además informe forense, que no queden dudas de cómo estás. Las cantidades son cada vez menores, por ejemplo, el promedio en gastos terapéuticos es de 820 euros.

Con este panorama, creo que hablar de reparación del daño hacia las víctimas parece un chiste de mal gusto, una burla a quienes se esfuerzan cada día en afrontar la vida tras un hecho que las cambió para siempre. Y, por si ya no tuvieran poco, están rodeadas de una burocracia, de un sistema frío y lejano a la comprensión de sus secuelas, con rechazos que les hacen sentir no ser creídas y propuestas de pagos a 10 euros, que son otra forma más de humillación. Y sí, ellos tienen pena de cárcel pero saldrán. Quienes vivirán con el trauma son ellas. Con el extra de tener que soportar a un sistema que permite a los agresores seguir pensando solo en ellos mismos.

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