Negacionismo habitacional

Que el mercado del alquiler de vivienda, también el de la compraventa, esta tensionado en las Islas Baleares, es de tal obviedad, que ni tan solo hace falta justificar esta afirmación. Por tanto y ante tal obviedad, sorprende como, por parte de las administraciones de Baleares, no se aborda con la contundencia necesaria.

¿Como podemos garantizar unos alquileres justos y asequibles? Esta es la pregunta que nos hacemos y necesitamos responder, ya que el aumento de las personas y familias que viven de alquiler ha coincidió con una tendencia al alza del precios de los arrendamientos, desencadenando una fractura cada vez mayor entre los ingresos de las familias y los precios del alquiler, afectando en gran medida a las rentas más bajas y en consecuencia convirtiéndose en uno de los mayores factores de desigualdad. Por ello se plantea como una de las medidas clave para garantizar esos alquileres justos y asequibles, la limitación de los precios del alquiler.

La aplicación de las medidas de limitación del alquiler no está́ exenta de polémica. Una de las críticas principales de sus detractores es que la regulación de precios limitará la oferta de alquileres y que eso acabará provocando el efecto contrario de una subida de precios. Por el contrario, sus defensores consideran que eso parte del dogma de los mercados de competencia perfecta, no se ajusta al funcionamiento real del mercado inmobiliario, sólo un recordatorio, el periodo del boom inmobiliario (1997-2007), el fuerte aumento de la oferta de viviendas para la venta, lejos de hacer bajar el precio, fue acompañado de un aumento exponencial del coste, por tanto los dogmas del mercado no se cumplen, como tampoco se cumplieron cuando vaticinaron que se hundiría el mercado laboral por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, y en estos momentos estamos batiendo récords de ocupación.

Y aquí se coloca la disyuntiva de los poderes públicos, entre aplicar esta limitación de precios o hacer caso a los dogmas liberales. Para las administraciones de Baleares en estos momentos vemos como pesa mucho más ese dogma liberal unido a la necesidad de hacer oposición a las políticas estatales de vivienda, que la obligación que tienen de facilitar a los ciudadanos de Baleares una vivienda digna que no suponga más del 30% de sus esfuerzos financieros.

El BOE de 15 de marzo ha publicado la Resolución por la que se determina el sistema de índices de precios de referencia a los efectos de lo establecido en el artículo 17.7 de la ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, las Comunidades Autónomas que decidan declarar zonas tensionadas, ya cuentan con el instrumento adecuado para poder limitar el precio del alquiler.

Este índice de precios es una herramienta para aportar transparencia al mercado, de modo que tanto propietarios como inquilinos dispongan de la misma información, además de cumplir también con la función de servir como base de un sistema de regulación de precios. Estos aspectos de transparencia y regulación con son clave si queremos que los precios se comporten de manera que oferta y demanda se ajusten y den cabida d todos los tipos de personas y familias que buscan una vivienda en alquiler.

Este índice proporcionará un rango de costes máximo y mínimo en función de las características de la vivienda y será obligatoria para grandes tenedores o para las viviendas que entren en el mercado o llevan más de 5 años sin ser arrendadas, es decir, no afecta a pequeños propietarios que tienen una vivienda en alquiler. Los primeros datos que nos aporta son claros: el 85% de los contratos de alquiler en vigor supera el tope del nuevo índice del Gobierno, con lo que la conclusión no es otra que la necesidad de limitar el precio del alquiler.

Por desgracia Baleares, no es una de las comunidades que se va a plantear limitar el precio del alquiler, sino todo lo contrario, su gobierno ha recurrido los artículos que permiten esta limitación. El Gobierno de Baleares ha decidido que es más importante proteger a los grandes tenedores de vivienda y a los fondos buitre antes que proteger a sus ciudadanos.

La regulación de los precios del alquiler ha de encuadrarse en una estrategia global de políticas de vivienda, puesto que ésta incidirá en la limitación del mercado privado, por lo que es imprescindible que venga acompañada de un incremento del parque de vivienda de alquiler social asequible, para responder así a las necesidades de la ciudadanía; y aquí es donde vemos como de nuevo el Govern Balear deja en manos de la iniciativa privada algo que debería ser iniciativa suya, ya que se ha empeñado en poner en marcha medidas que únicamente pasan por la construcción de nuevas viviendas, pero no por la construcción de nuevas viviendas públicas.

Ha llegado el momento de dejar de lado el tacticismo político y la oposición al gobierno de España, para ponerse de lado de los ciudadanos. Las zonas tensionadas y la limitación de precios no lo son para toda la vida, en un primer momento, lo son para tres años. ¿Qué podemos perder los ciudadanos de Baleares si aplicamos esa limitación durante tres años? Nada. ¿Qué podemos ganar? Un control del mercado del alquiler y por tanto un control del incremento desmesurados de los precios.

Es el momento de abandonar el negacionismo habitacional y ponerse a trabajar para que dejemos de batir todos los récords en incremento de precios de alquiler.