La inmigración, nos ocupa y preocupa

La inmigración forma parte del paquete de problemas sociales ligados a la globalización que nos ocupa y preocupa. La inmigración tiene una densidad presencial, una visibilidad y una capacidad de influir en la fisonomía de los grupos sociales, que nos demanda modelos de gestión de flujos humanos más eficaces que los parches que estamos aplicando hasta el momento. Ni el ‘buenismo’ de las fronteras abiertas, ni una ‘amnistía’ generalizada a los inmigrantes ya instalados. Pero tampoco la aplicación de las dominantes políticas xenófobas fruto de la deriva internacional, con la llegada al gobierno de partidos de cariz extremista y xenófobo en algunos países, Italia, Hungría, Polonia… Este tipo de ideologías se basan en un discurso de odio hacia los migrantes, discurso que está arraigando entre las clases más desfavorecidas, que no reciben respuesta a sus problemas; pero también en ciudadanos de ideología xenófoba/racista.

En el caso de nuestra Comunidad la inmigración es una realidad extensa e intensa. La Fundación Gadeso realiza periódicamente una investigación dedicada no a la inmigración procedente de otras CC AA y/o de origen europeo y/o de la UE. Se ciñe a las personas que se han visto obligadas a dejar sus países por razones de supervivencia (guerra, hambruna, enfermedades…). Los resultados de la última investigación está publicada en Quaderns Gadeso (número 452).

Los cayucos elevan la inmigración irregular en 2023: un 82% más que un año antes

Primer dato significativo: Un 58% considera que la inmigración es un problema grave, especialmente la presencia de inmigrantes ilegales (72%). Un 81% considera «que se les debe expulsar», porque generan «inseguridad, delincuencia, abuso de los servicios públicos, economía sumergida, venta ambulante…». Pero también la opinión es negativa, aunque con menor intensidad, en referencia a los inmigrantes regularizados. Se ha creado una leyenda urbana de que los/las inmigrantes (legales o ilegales) saturan los servicios públicos que usurpan puestos de trabajo a los autóctonos. Aunque la realidad es otra: la mayoría de los inmigrantes con «papeles» llevan años, incluidas sus familias, residiendo entre nosotros y pagando sus impuestos. En su calidad de ciudadanos usan los servicios públicos (Sanidad, educación…); y que con frecuencia ocupan puestos de trabajo que los autóctonos no queremos, o no podemos, realizar. Pero Vox, como todos los partidos xenófobos, practican el aforismo «una mentira repetida mil veces se convierte en verdad». No en vano su líder, Santiago Abascal, sin ningún complejo, ha afirmado: «Haremos lo posible para que los extranjeros, aunque tengan la nacionalidad, sean expulsados de España».

La «solución» no es ni el buenismo ni la xenofobia racista. Pero a pesar de que un 19% piensa «que se les da un trato indigno», un 67% considera que «nuestra mala situación no nos permite acogerlos». Las posibles soluciones pasan por una «nueva legislación» referida a la inmigración que comprometa a todos los países con una nueva Ley de Extranjería que no se base en un «cierre de las fronteras». De momento la intención (?) es que la nueva normativa, que sustituirá a la vigente desde 2013, esté lista antes de las Elecciones Europeas del próximo junio. La idea es que sea en el mes de abril, pero la negociación no está siendo fácil. La propuesta de la Comisión insta a la solidaridad obligatoria pero flexible de los países, una pauta que no satisface, ni mucho ni poco, a las naciones de la UE antiinmigración.

Suscríbete para seguir leyendo