Un pacto macanudo

El pacto vergonzoso de Waterloo sobre la amnistía a los delincuentes catalanes del año 2017 entre el PSOE y JuntsxCat consagró el protagonismo de Santos Cerdán y Jordi Turull como manos derechas respectivamente del ausente Pedro Sánchez y el presente Carles Puigdemont. Aquel surrealista escenario presidido por una urna del referéndum ilegal en Cataluña fue el precursor de la salvación por los pelos de dos de los decretos en la aciaga sesión parlamentaria en el Senado del 10 de enero. Se salvaron el decreto ómnibus y el de las medidas anticrisis y del aumento del 3,8% de las pensiones. Este último decreto se aprobó tras un empate a 171 votos, la indecente suspensión por cinco minutos que se transformaron en casi una hora de Armengol para que se culminara el pacto con Junts absteniéndose, llegara Sánchez al Senado y se consiguieran los 172 votos necesarios. Sánchez había recurrido otra vez al hombre de su estricta confianza, Santos Cerdán, un prodigio de sagacidad intelectual y política, para que llegara a un acuerdo que desbloqueara la situación con el otro portento de Junts, Jordi Turull. Con tan acreditados negociadores, ¿qué podía salir mal? La información sobre el pacto firmado, que trataba sobre el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, dio lugar a versiones muy diferenciadas entre los firmantes de un documento que todavía hoy no se ha dado a conocer. El portavoz socialista, Patxi López, otro eximio parlamentario, justificó el desconcierto por la negociación al límite del tiempo. La reina de los modelitos de lazadas, que abomina del exceso de producción de ropa, Yolanda Díaz, la más perjudicada, en un rapto de desesperación que no de lucidez se lamentó: «Así no se puede gobernar».

No lo debieron tener muy claro los socialistas al destaparse la caja de los truenos de aliados y adversarios por lo considerado como un tributo a la supuesta condición xenófoba de Junts. Justo al día siguiente tuvo que comparecer Sánchez, adoptando la pose de víctima de las circunstancias ominosas en las que se veía envuelto por su voluntad de construir un muro contra derecha y ultraderecha, diciendo que la inmigración y la expulsión de emigrantes era una competencia del Estado que no se podía transferir y que de lo que se trataba era de la cesión de competencias contempladas en el Estatuto de Cataluña. La respuesta de Turull fue inmediata, el pacto suponía, literalmente, la gestión integral de la inmigración a Cataluña. A estas horas no se sabe con certeza qué se ha pactado exactamente, pues cada parte da una versión distinta del pacto, un pacto macanudo. Si advertimos, además, que quien debe aplicar el pacto es el gobierno de Cataluña, de ERC, a través de negociaciones con el Gobierno central, se completa una situación generalizada de caos en la mayoría «progresista» que sostiene al Gobierno de Sánchez. La portavoz del gobierno catalán ha declarado que ni Junts ni el Gobierno de Sánchez les han comunicado el alcance del mismo.

Los analistas políticos atribuyen las exigencias sobre inmigración de Junts a su temor ante el surgimiento de un movimiento antiinmigratorio en Cataluña a su derecha, protagonizado por la Aliança Catalana de Orriols, la alcaldesa de Ripoll, y la Assemblea Nacional Catalana. De hecho, los enemigos mortales de Junts, los de ERC, ya les están acusando de ultraderechismo. La realidad es que, por mucho que la izquierda comunista y el mismo PSOE estén intentando esquivar el impacto social de la inmigración ilegal y descontrolada, son algunos de los más importantes países europeos como Suecia, Países Bajos, Francia y Alemania los que se están replanteando las tradicionales políticas de acogida. En todos ellos están surgiendo o se están reforzando opciones políticas que cuestionan el modelo actual. Es una cuestión de tiempo que se extiendan al resto de países. El caso de Cataluña es paradigmático, pues son poblaciones del Maresme con un muy alto porcentaje de población subsahariana y musulmana las que explican el surgimiento de estas nuevas fuerzas de ultraderecha. Es tal el impacto que ya se da por seguro que lo que va a protagonizar la campaña electoral de este año en Cataluña va a ser el debate sobre la inmigración.

Lo que pasa es que sobre la cuestión de la inmigración nadie está en condición de lanzar la primera piedra. Está acreditada la xenofobia de los fundadores del PNV, como Sabino Arana, contra la inmigración del resto de España al País Vasco. Los orígenes de ERC beben en las fuentes del fascismo italiano. Heribert Barrera, que lideró ERC en la Transición, fue un reputado racista. Y, sin remontarse a muchos años atrás, tan solo hace unos días, tras la publicación del último informe Pisa sobre la educación en España, ERC culpó a la inmigración de los malos resultados de Cataluña, los peores de España, hurtando la explicación evidente de la imposición lingüística. Qué vamos a decir de las vacas sagradas de Junts, la familia del corrupto Jordi Pujol. Éste escribía: «El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido, es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual». Su mujer, Marta Ferrusola, no se recataba lo más mínimo en lamentarse amargamente de no poder llevar a sus hijos a jugar al parque porque «estaba lleno de castellanos», los charnegos.

Si la inmigración remueve las filas del nacionalismo catalán y del vasco, los aliados de Sánchez, en consonancia con los embates de la ultraderecha nacionalista catalana, se desmorona el muro de Sánchez entre su «progresismo» y la derecha y ultraderecha de PP y Vox. Si se le suma el antisemitismo de la izquierda y la ultraizquierda con motivo del terrorismo de Hamás que ha incendiado Oriente Medio, se diluye la demagogia justificativa del nuevo Frankenstein «progresista». La izquierda europea ha sido siempre antisemita. Por lo que nos afecta, lo recordaba Andreu Jaume hace poco citando a Pla, cuando contaba que Gabriel Alomar le había confesado que nunca permitiría que su hija contrajera matrimonio con un chueta. Para colmo de males, los letrados del Congreso afirman que la ley de amnistía puede ser anticonstitucional.

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