¿Quién quiere desestabilizar este país?

Se cumplió ayer, lunes, el quinto año de la caducidad del Consejo General del Poder Judicial, y los restos que aún perduran de la menguada institución se han quitado la máscara y han emprendido una guerra política con todas las consecuencias. Una de las consecuencias del bloqueo del Consejo son las vacantes judiciales que se acumulan, un total de 85, en los principales órganos judiciales del país. En marzo de 2021, cuando el CGPJ llevaba solo dos años y tres meses prorrogado, el gobierno de Sánchez, para tratar de detener aquella sinrazón y de evitar una desnaturalización de la judicatura, impulsó una reforma legal que prohíbe al CGPJ en funciones realizar los nombramientos discrecionales de la cúpula judicial, es decir, los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia autonómicos y de las audiencias provinciales. El Supremo, con 23 de sus 79 plazas vacantes, es el más afectado.

Este Consejo disminuido, reducido a solo 16 de sus 21 miembros, emitió hace poco un informe extemporáneo e inútil sobre/contra la amnistía, sin que en aquel momento se conociera siquiera el texto del proyecto de ley orgánica. Más adelante, el fiscal general del Estado ha sido vapuleado por el Consejo después de que el Tribunal Supremo anulase el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala, promovida por el fiscal del Estado García Ortiz, quien sería poco después ratificado en el cargo por el Gobierno recién investido; el Supremo, por unanimidad y en sentencia perfectamente argumentada, concluyó que el fiscal general había incurrido en «desviación de poder», pero el Consejo, que tuvo que informar la confirmación de García Ortiz, lo hizo negativamente, resaltando que el «uso espurio» de sus facultades desaconseja el nombramiento de este fiscal.

Hay que creer, porque estas son las reglas del juego, que estas decisiones judiciales se ajustan estrictamente a criterios profesionales de los magistrados concernidos (lo contrario sería prevaricación), pero es difícil sustraer el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces del clima enrarecido en que vive la justicia, solapadamente señalada por algunos —los independentistas sobre todo— con veladas acusaciones de lawfare.

Pero la tensión

no solo existe entre los partidos entre sí —el PP está al parecer dispuesto a convertir la calle como escenario permanente de su principal actuación, como hacían los antiguos revolucionarios— y entre el poder ejecutivo y el judicial: el Partido Popular y Vox rivalizan en la dramatización de toda la normalidad, aunque ello termine teniendo consecuencias muy negativas para el proceso socioeconómico: la estabilidad es el estado ideal de un país democrático y adulto.

Pero no solo Sánchez es objeto de las iras de un establishment reaccionario corroído por la postergación electoral y que no termina de asimilar que acaba de comenzar una legislatura de izquierdas que puede durar cuatro años: también el Rey está en el punto de mira de quienes no acaban de consentir que el pueblo soberano les hurte su sacrosanto derecho a mandar, por encima y más allá de los designios parlamentarios. Dos escándalos acaban de estallar en los campos minados de la Zarzuela: el hijo de Bárbara Rey ha reportajeado en las televisiones del reino los chantajes que hizo su madre al Rey, en los que siendo un muchacho de doce años él mismo participó tomando las fotografías comprometedoras, lo que convierte el inicial folletín en un triste episodio de corrupción de menores. Y Jaime del Burgo junto a Jaime Peñafiel han iniciado una campaña contra la reina que mina los esfuerzos del rey Felipe por sacar a su institución del lodazal y retornarla a la decencia y a la normalidad.

Estos iluminados de la desestabilización y el caos culpan al Rey de haber propuesto a Sánchez en segundo lugar para la investidura a la presidencia del Gobierno, tras el fracaso de Núñez, como ordena la Constitución, con lo que de facto le están censurando que cumpla la Carta Magna. Así las cosas, el Rey es en este momento una referencia de legalidad que debe ser especialmente protegido por todos quienes, a babor y a estribor, pensamos que solo la Carta Magna de 1978 —que es abierta, o sea que incluye un mecanismo para su reforma— nos salvará de la desolación.

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