Opinión | TRIBUNA

El principio de competencia (II)

En artículo anterior señalaba que, con arreglo al principio de competencia cada nivel administrativo ha de desarrollar su función en un determinado campo de actividad, el que esté delimitado por la ley como relativo a sus intereses respectivos, pero sin inmiscuirse en los demás ámbitos, so pena de incurrir en nulidad, además de incidir en ineficaz actuación de la Administración (que creo que es el aspecto más importante en la práctica).

Eso debería ser así, en pura teoría, puesto que el transcurso de los años, la creciente complejidad de la organización administrativa, fruto de los diversos Estatutos de Autonomía y de la legislación de régimen local, y, sobre todo, el incesante crecimiento del sector público y el sometimiento a intervención administrativa de más ámbitos de la realidad, ha provocado que el principio de competencia se vea continua y reiteradamente vulnerado, con el resultado de que cada uno interviene en los ámbitos que le parecen adecuados y no aquellos en los que la normativa derivada del bloque de la constitucionalidad le atribuye. Los ejemplos son constantes y no hacen más que redundar en actuación ineficaz del sector público, ya que en ocasiones varios niveles actúan en una determinada materia -incluso de forma contradictoria o descoordinada- y, en otros casos, nadie se quiere hacer cargo de la actuación -generalmente, en materias que van a obtener poca rentabilidad electoral o que no son demasiado lucidas. Seguro que a todos se nos ocurren ejemplos en los que ello sucede.

Con ocasión de la crisis económica de los años 2008 y siguientes, y debido a las exigencias de la Unión Europea, se acometió (o, más bien, se hizo ver que se iba a acometer, que no es lo mismo) una reforma de la Administración que debía afectar a todos sus niveles, tratando que el sector público fuese más racional y sostenible; incluso, en 2012, se creó una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas y se aprobó la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Se fueron haciendo cosas en ese sentido, pero, realmente, más para cubrir las apariencias ante Europa, que por verdadero convencimiento.

De ese modo, la realidad, materializada en cuestiones coyunturales que atender a corto plazo, fue por otros derroteros, y lo cierto es que, ahora diez años después de aquel intento, sigue pendiente una reforma de las administraciones públicas, que, no obstante, todos los partidos políticos dicen preconizar, aunque no coincidan en qué sentido. Pero, claro, del dicho al hecho hay mucho trecho…

En estos momentos, en que parece que va a haber algunos cambios en la gobernación de las instituciones, sin perder de vista lo dicho hasta ahora, quizá valga la pena acabar citando al escritor, periodista y político conservador P. J. O’Rourke, quien, refiriéndose a la política estadounidense, decía que «los demócratas son el partido del gobierno activista, el que dice que el gobierno te hará más rico, más listo y más alto y recortará las malas hierbas del jardín; los republicanos son el partido que dice que el gobierno no funciona, y cuando ganan las elecciones lo demuestran». Veremos.