Vox debe aprender a gobernar

Más de 61.000 habitantes de Balears han dado su voto a Vox en las recientes elecciones autonómicas. La pregunta clave es si esta fuerza de derecha radical va a saber gobernar, si es que alcanza el poder.

Las urnas han sentenciado que la estrategia de la izquierda de bautizar al partido liderado por Santiago Abascal como «fascista», «heredero del franquismo», «reaccionario», «trumpista» o «antidemocrático» no han funcionado. Ni servirá el próximo 23 de julio, en las generales.

Vox es a escala nacional, e insular, la tercera fuerza. En las elecciones locales del 28 de mayo cosechó un 7,19 por ciento de los votos. En las autonómicas de Balears recibió un 13,87 por ciento de los apoyos (61.415 papeletas). Pasó de tres a ocho diputados. Fue, junto al Partido Popular, un claro vencedor.

Su apuesta en las islas es «acabar con las políticas de izquierda, que tanto daño nos han hecho». Es muy fácil, desde la oposición, criticar, incluso demonizar, la gestión de los gobernantes. Las dificultades empiezan cuando tú ocupas las instituciones y pretendes dar un giro radical a la herencia de tus predecesores.

Para esos cambios necesitas apoyos suficientes. En nuestra Comunidad Autónoma PP y Vox suman 33 escaños del Parlament, estando la mayoría situada en 30. Lógicamente han de ponerse de acuerdo en las reformas y marchas atrás. En eso están.

Pero el obstáculo más importante para las mudanzas extremas nace del ordenamiento jurídico. La Constitución, en primer lugar, marca un terreno de juego trufado de libertades y derechos y consagra el pluralismo. También se basa en un modelo de descentralización autonómica casi total, donde se reconoce el carácter oficial de las lenguas propias, como es el catalán, junto al castellano.

Existe, en un segundo nivel,

un Estatuto de Autonomía, que define al mallorquín, ibicenco, menorquín, y formenterenc como «modalidades insulares del catalán». Tenemos dos idiomas oficiales: castellano y catalán. La Ley reconoce unos derechos lingüísticos para sus hablantes y obliga a «las instituciones a garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas», «sin que ninguno pueda ser discriminado por causa del idioma».

Otro obstáculo es la Ley de Normalización Lingüística de Balears de 1986. Mientras no se reforme, sus preceptos son de forzoso cumplimiento.

Hay, así mismo, decenas de leyes y otras normas estatales y autonómicas, que regulan múltiples esferas de la vida pública. El urbanismo, por ejemplo, puede (y debe) evolucionar. Más el mecanismo para modificarlo es extremadamente lento y complejo. Si se quiere alterar se deben dar todos y cada uno de los pasos previos.

Vox, por ejemplo, puede retirar subvenciones y ayudas indirectas a los sindicatos. Está en su derecho, pero tiene que respetar el Estatuto de los Trabajadores.

Por otro lado, las políticas españolas están supeditadas a las directivas y normas de la Unión Europea, muy estrictas en determinados ámbitos. Resulta complicado gobernar al margen de Europa.

El partido de Jorge Campos ha de asumir todos esos contrapesos y obligaciones legales. También debería interiorizar que no solo va a legislar o gestionar la cosa pública para los suyos. Si no aprende a gobernar, poco futuro tendrá a medio plazo.

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