Injusticia militar con el legionario muerto
El tribunal militar de Sevilla ha condenado con una pena mínima de tres años y diez meses al sargento Saul Antonio Guil, que causó la muerte del legionario mallorquín Alejandro Jiménez Cruz durante unas maniobras en Alicante en 2019 plagadas de irregularidades y ha absuelto al resto de inculpados, un capitán, dos tenientes, un cabo y tres soldados, de los delitos de encubrimiento, deslealtad, desobediencia y obstrucción a la Justicia en una sentencia difícil de digerir. El muerto queda orillado, todo se reduce a un delito contra la eficacia del servicio y a dos delitos de abuso de autoridad, acompañados de algunos reproches sin trascendencia penal alguna ante el daño causado. De acuerdo con los hechos probados, el capitán no estaba presente cuando se desarrolló el ejercicio en el que, desobedeciendo su plan, se ordenó a dos pelotones hacer fuego cruzado de forma simultánea, con el consiguiente riesgo. Cuando habían prácticamente acabado, el sargento condenado decidió realizar siete disparos de forma improvisada y sin avisar a nadie, agravando el peligro de forma irresponsable. Uno de los proyectiles alcanzó fatalmente a Alejandro, que estaba en posición de guardia baja, con la rodilla en tierra y apuntando al suelo. A partir de ahí, el capitán pidió a todos que mintieran y dijeran que estuvo presente. Al día siguiente, el mismo capitán se metió con los legionarios en la zona precintada por la Guardia Civil y ordenó realizar una reconstrucción falaz, alterando las posiciones reales para su relato ante los agentes. Cuando la sentencia da por probados estos hechos, cuesta entender su absolución con el débil argumento del desconocimiento exacto de lo ocurrido y de que mentir es lícito si estás encausado. Cuesta entender que el tribunal acepte como normal que se limpiara de inmediato la zona, como si se tratara de un ejercicio militar más, obviando que había un muerto, y que el común de la gente sabe que en esos casos no se toca nada para facilitar la investigación, salvo que no se tenga la conciencia tranquila.
Lo graves de este asunto no es solo la trágica pérdida de una vida en la plenitud de los 21 años durante un ejercicio anómalo y alejado de la ortodoxia militar, sino las burdas maniobras para alterar la verdad y obstruir la investigación, así como el hostigamiento al soldado, amigo de Alejandro, que quiso colaborar con el esclarecimiento de los hechos y que acabó causando baja. El único que cumplió con su deber ya no sirve a la patria. Aunque la obediencia debida a una orden ilegítima no es causa de exención de responsabilidad penal, sus compañeros que secundaron el falaz montaje siguieron en la Legión y ahora han quedado absueltos. De poco ha servido el honesto trabajo del juez instructor para buscar la verdad, el pulso firme de la Guardia Civil para romper el pacto de silencio y la persistencia de la familia de la víctima para desenmascarar la farsa. No se rinden. Confían en que el Supremo corrija el exceso corporativista y la falta de justicia.
