Contra pronóstico, el gobierno sacará adelante, según todos los indicios, sus terceros presupuestos generales del Estado, pese a las dificultades objetivas que representa que el gobierno sea de coalición y que no alcance por sí solo las mayorías legislativas. Después de un dilatado periodo de provisionalidad en que hubo que prorrogar reiteradamente las cuentas públicas por falta de acuerdo, el multipartidismo empieza a ser operativo. Y para el año que viene se prevé una subida muy relevante del gasto social (las pensiones se revalorizan con el IPC y se vuelve a dotar la hucha previsora), crecen las partidas de sanidad, educación, dependencia, políticas de juventud incluidas becas, y se mantienen las ayudas a los más afectados por la fuerte inflación. Todo ello, con un déficit público del 3,9%, cercano al límite teórico de la convergencia europea, que se restablecerá pronto.
Hace unos días, el gobierno presentó una propuesta fiscal que, sin modificar el IRPF ni en los tramos ni en las tarifas (no habrá deflactación) bonificaba las rentas más bajas. Asimismo recargaba la tributación de ciertas rentas del capital, elevaba provisionalmente el IS a la espera del acuerdo europeo que establezca el mínimo del 15%, e instauraba un Impuesto Solidario a Grandes Fortunas, de carácter temporal, que gravaba las propiedades de quienes tuvieran un patrimonio de más de tres millones de euros (descontado el valor de la vivienda habitual) y que descontará lo ya abonado a las CCAA en concepto de impuesto sobre el patrimonio. En definitiva, esta acentuación de la progresividad proporcionará unos ingresos a Hacienda de algo más de 3.000 millones de euros.
Estas decisiones han servido para frenar con racionalidad la absurda y peligrosa carrera a la baja que las comunidades autónomas habían emprendido, y en la que participaron irresponsablemente Page y Puig, pero todavía era necesario ensamblar la política económica marcada por la primera vicepresidenta Calviño con la política social de Unidas Podemos, para que ambos términos de la coalición se corresponsabilizaran del conjunto y mantuvieran una diferenciación que conviene a ambas partes.
El pacto se consiguió en la misma noche del lunes al martes, horas antes del consejo de ministros que remitiría a las Cortes el proyecto de ley. Y la negociación dio visibilidad a la relevante participación de UP en el énfasis definitorio a las políticas sociales. Básicamente, el pacto da una solución a la subida del gasto de Defensa, que no comprometerá ninguna partida social, y encarrila las normas en disputa: la ley de vivienda, la ley de familias y la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza. Además, el Gobierno sube el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice con el que se calculan las prestaciones sociales, las pensiones no contributivas o el Ingreso Mínimo. También se ha recuperado que la prestación por desempleo a partir del séptimo mes vuelva a ser el 60% de la base reguladora del salario. Como anticipo de la ley de Familia, habrá un permiso para cuidadores, otro para atender circunstancias familiares imprevistas y un nuevo permiso parental de ocho semanas. La coalición ha pactado reforzar los derechos de las familias monomarentales con hijos, para equipararlas a las familias numerosas, pero no ha acordado al final ampliar los permisos de maternidad y paternidad.
No es aventurado afirmar que la combinación PSOE-UP, que abarca todo el espacio de la izquierda, consigue una complementariedad virtuosa. En cierta manera, el PSOE representa la socialdemocracia, progresista y prudente, en tanto UP, más radical, muestra más audacia a la hora de reclamar terapias más duras y consistentes para aliviar la desigualdad social. Se concilia así la mínima ortodoxia que impone la Unión Europea (aunque todavía no han vuelto a regir las reglas del pacto de estabilidad) con la audacia radical de una izquierda menos formal que impone soluciones efectivas a problemas sangrantes y concretos. En la práctica, la izquierda gobernante en Europa debe implementar políticas equilibradas y posibilistas, pero también ha de resolver los problemas sociales flagrantes y específicos que saltan a la vista y que no pueden ser archivados sin más. En definitiva, el reparto de papeles y paternidades entre PSOE y UP se muestra eficaz, y deberían cultivarlo sus protagonistas si realmente desean conservar el poder.
