Lo que convierte un problema difícil de resolver en un problema imposible de resolver es negar su existencia. Los vecinos de Santa Catalina llevan meses denunciando el incremento de ruidos y comportamientos incívicos, así como el incumplimiento masivo de las ordenanzas municipales en su barriada. A pesar de ello, hace unos días la teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana contestó a los representantes vecinales que no estaba previsto la adopción de medidas adicionales para revertir esa situación.

Pudo parecer un lapsus de la regidora, pero esta semana el alcalde de Palma les vino a decir a los vecinos que se pongan tranquilos porque «la gente tiene ganas de calle». Dice José Hila que los refuerzos policiales se notarán en verano, y que después de la pandemia «volver a la vida tiene estas cosas». Es decir, que en realidad los vecinos de Santa Catalina son un poco culpables por haberse acostumbrado demasiado al silencio de los confinamientos. Hila lleva siete años demostrando su nula capacidad para gestionar una ciudad como Palma, pero debió buscar una manera de eludir una vez más su responsabilidad sin insultar a los vecinos.

Por desgracia no hablamos solo del incivismo de algunos. El último Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior sitúa a Palma como la quinta ciudad de más de 50.000 habitantes con mayor tasa de inseguridad en España. Sin embargo, esta posición «privilegiada» en el ranking de delincuencia no es el peor dato. Si se observa la evolución de las infracciones penales en el periodo 2016-2019 Palma experimenta el mayor crecimiento de todo el país. Durante el cuatrienio previo a la pandemia la capital de Baleares escaló diez puestos en la lista de ciudades más peligrosas para vivir. Pero el alcalde Hila dice que «milagros no podemos hacer».

Nadie pide milagros, sino soluciones. Hace 20 años, con 120.000 palmesanos menos, la Policía Local de Palma contaba con 1.000 efectivos. Es inadmisible que hoy, con 450.000 habitantes, la plantilla se haya reducido prácticamente a la mitad. Este escandaloso déficit de agentes se traduce en que haya asociaciones vecinales (como la de Es Fortí) anunciando la creación de patrullas ciudadanas para vigilar su barrio, algo insólito en un país desarrollado. Pero el alcalde pide paciencia.

El actual equipo de gobierno en Cort arrancó la legislatura prometiendo la incorporación inmediata de 100 nuevos agentes. Cuando resta un año para concluir su mandato, no sólo ha incumplido ese compromiso, sino que ni siquiera ha sido capaz de cubrir las bajas por jubilación. Desde 2017 se han retirado del servicio en Palma 151 policías locales, y únicamente se han incorporado 101. Son 50 agentes menos en la calle solo por jubilaciones.

Les adelanto que si el año que viene los ciudadanos de Palma me eligen como su próximo alcalde, la Policía Local contará como mínimo con 900 efectivos. Dotaremos al cuerpo de los recursos necesarios para poder ejercer sus funciones con plenas garantías. Vamos a desarrollar la figura del policía de barrio, y vamos a potenciar la unidad motorizada, equipándola con las nuevas motocicletas que los agentes necesitan y que después de un año siguen sin llegar.

Pero siendo necesario este incremento de recursos, no será lo más importante. Desde el Partido Popular no vamos a escatimar esfuerzos para dignificar la labor de nuestra Policía Local. Después de dos legislaturas en las que Hila ha puesto en duda la honorabilidad e integridad del cuerpo, ha llegado el momento de poner a la Policía Local en el lugar que le corresponde para que sea un cuerpo motivado y respetado por todos. Vamos a conseguir que los ciudadanos se sientan protegidos y orgullosos de su Policia Local. Vamos a conseguir que, después de dos legislaturas marcadas por la decadencia, Palma vuelva a ser considerada como la mejor ciudad del mundo para vivir.