El Primero de Mayo irrumpe este año con una reivindicación que sobresale del resto: recuperar poder adquisitivo. Los salarios de los trabajadores no crecen al ritmo que sube la inflación, que tras rozar los dos dígitos, ha retrocedido ligeramente hasta situarse en el 8,4%. Sube el recibo de la luz, la vivienda, los alimentos… y los hogares se resienten, especialmente los más vulnerables. A muchas empresas, todavía espoleadas por los efectos de la pandemia, se les hace cuesta arriba satisfacer los incrementos salariales pactados. La propia Administración padece y busca fórmulas para dilatar en el tiempo la actualización de las retribuciones de los trabajadores públicos y de las pensiones. Todas las partes implicadas están obligadas a dialogar y a buscar soluciones razonables que alivien las economías domésticas sin erosionar la competitividad de las empresas y la recuperación, que, tras los años duros de la covid, se ha visto lastrada en el primer trimestre del año por la Guerra de Ucrania y las tensiones inflacionistas, especialmente por los precios de la energía y su afectación a toda la cadena productiva. En este escenario marcado por la incertidumbre, el Gobierno ha remitido a Bruselas un Plan de Estabilidad que reduce las perspectivas de crecimiento del 7% al 4,3% para este año y del 3,5% para el próximo, año en que augura una inflación por debajo del 2%. Aunque el crecimiento desacelera, se aleja de la temida estanflación y sigue encabezando el crecimiento en Europa. No obstante, se apuntan tiempos complicados que exigirán sacrificios compartidos, rebajando expectativas en retribuciones salariales, dividendos y beneficios empresariales para sortear esta coyuntura. Lo que se denomina un pacto de rentas.
Los sindicatos mayoritarios que hoy convocan a los trabajadores a manifestarse han participado hasta ahora de la senda de diálogo auspiciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y han sido capaces de avenirse a pactar con la patronal la derogación parcial de la reforma laboral de Mariano Rajoy. Además, han logrado, con su presión, el aumento del salario mínimo interprofesional. Lejos de lo que auguraban algunos, ambas medidas no han llevado a la destrucción del empleo, sino que se ha conseguido incrementar la cantidad y calidad de la contratación. En el caso de Balears, se han batido récords de población activa en el periodo invernal, con 532.200 ocupados, superando las cifras de 2019, y el pasado mes de marzo se han firmado más contratos fijos que temporales. También se ha avanzado en las condiciones sociales de los trabajadores, con normativas pioneras como la Ley Turística. Sin embargo, los 117.100 parados y la creciente desigualdad nos recuerdan que queda mucho por hacer. No es de recibo que con esa tasa de paro, haya tantas empresas que tengan problemas para configurar sus plantillas.
