A finales de los 80 del siglo pasado, un joven de 18 años terminaba el primer año de la carrera de Derecho y Economía en la Universidad de Newcastle en la ciudad norteña Newcastle Upon Tyne del Reino Unido. Se dio cuenta antes de pasar a segundo año que economía no era para él. Porque lo que le gustaba era litigar, quería ser un barrister.
En el sistema legal del Reino Unido están los que llevan los casos, solicitors, y los que litigan en la barra, el tribunal, los barristers. En ese primer año le apasionó en clase la práctica del mooting o simulación jurídica, es decir, la competición en la simulación de un caso ante un tribunal, generalmente la apelación contra una resolución judicial, un procedimiento que imita lo que sucede en los tribunales británicos. En el segundo año, se lanzó a la carrera de Derecho.
Y se graduó en 1992 con 21 años, empezó a ejercer en 1993 y pasó por puestos que te dan una gran experiencia como el de Recorder (jueces auxiliares) hasta ocupar una plaza en el Tribunal Supremo de Australia, en Sidney, Nueva Gales del Sur. En 2013, con 46, logró un milagro: obtuvo la seda. Es decir: accedió a la selecta toga de seda que requiere la aprobación de la reina de Inglaterra cuando te otorgan el honorífico título de Queen Counsel (QC) o abogado de la Reina, en el Westminster Hall del Parlamento británico. En un ambiente de graduados mayoritariamente en Cambridge y Oxford, aterrizaba un abogado de la Universidad de Newcastle.
Este es Matthew Nicklin, juez que, con 52 años, es uno de los más jóvenes del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales (High Court of Justice). Tras especializarse en casos que implican a medios de comunicación y difamación en un bufete londinense, fue nombrado con efecto desde el 2 de octubre de 2017 en la división civil (Queen’s Bench División) del alto tribunal. Cuatro meses después, el 3 de febrero de 2021 se hacía cargo del área de Medios y Comunicaciones del alto tribunal.
Mira por dónde, 35 días antes, Corinna zu Sayn-Wittgenstein estampaba su firma, el 29 de diciembre de 2020, en una demanda civil contra su examante Juan Carlos I por presuntos actos de acoso, seguimiento ilegal de agentes del CNI a las órdenes del general Félix Sanz Roldán, y difamación.
Según la demanda de treinta folios esos actos obedecen a una obsesión del rey emérito por recuperar 100 millones de dólares o 64,8 millones que le había donado a su examante en junio de 2021.
El dinero, a su vez, había sido regalado a Juan Carlos I el 8 de agosto de 2008, mediante una transferencia a su cuenta en Suiza ordenada por el rey saudí Abdalá Abdulazziz al-Saúd, también transcrito Abdullah (1924-2015).
El rey emérito, según la demanda, comenzó a hostigarla con la exigencia de que le «devolviera» lo que no era suyo, los 64,8 millones de euros. El 16 de septiembre de 2014, en una reunión en The Connaught Hotel en, decía él, el barrio tan elegante como rico de MyFair, junto a Hyde Park, en Londres, Juan Carlos I, el abogado suizo Dante Canonica, que redactó el documento de «donación irrevocable» y Corinna se reunieron.
Juan Carlos I le dijo que le devolviera el dinero o que lo «pusiera a su disposición». Corinna tiene como testigo a Canonica y varios correos electrónicos que prueban lo que afirma. Y también puede presentar material sobre operaciones de difamación del emérito contra ella en medios de comunicación.
Y aquí es donde los caminos de Corinna y Juan Carlos I se cruzan con el juez Nicklin, quien precisamente por estar a cargo de medios de comunicación y difamación se hace cargo del caso.
Matthew Nicklin creció en Pembrokeshire, Gales, en una de las costas más espectaculares del mar de Irlanda. Al difundir su curriculum, el Comité de Nombramientos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia apuntaba: «Estudió en la Universidad de Newcastle y es el primer miembro de su familia que se graduado de abogado…». Uno de los éxitos de su carrera ha sido la defensa en 2016 de los demandantes del sindicato de la construcción contra la lista negra de trabajadores en las grandes empresas. El pleito lo ganaron los trabajadores con compensaciones de 5,6 millones de libras (6,6 millones de euros) en una primera fase.
En 1998-2000 la justicia del Reino Unido creó en el derecho penal un precedente con el caso Pinochet tras el arresto del exdictador y jefe de Estado de Chile en Londres por orden del juez Baltasar Garzón al denegarle la inmunidad. Ahora, el juez Nicklin intenta crear ese primer precedente en el derecho civil con Juan Carlos I, al denegarle la inmunidad de Estado que invocaba ante la demanda de su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein. No es frecuente que los barristers QC que defienden los casos en lo que podría llamarse la corte de Cambridge y Oxford, el alto tribunal, sean mayores que el juez. Y a Matthew Nicklin muchos le superan en años.
Matthew Nicklin, juez encargado de la vista en Reino Unido sobre la demanda de Corinna contra Juan Carlos I.
