Con la retórica que nos acostumbra el Govern de Francina Armengol, el proyecto de ley de Educación de les Illes Balears, en la actualidad en tramitación parlamentaria, pone en valor de manera reiterada la educación inclusiva. Sin embargo, sin garantizar las herramientas necesarias y el aval de partidas presupuestarias para una adecuada y efectiva atención a la diversidad, todo queda por ahora en papel mojado.
En los seis años que Armengol lleva gobernando, el Govern no ha apostado por una de las piezas fundamentales para garantizar una educación inclusiva, como son los auxiliares técnicos educativos (ATE), que se dedican al cuidado de los hábitos y la autonomía del alumnado con necesidades.
Más allá de las buenas palabras sobre la educación inclusiva, la realidad de las aulas se impone en Baleares. Sindicatos como el STEI denuncian que desde hace tres cursos se han incrementado un 34% el número de solicitudes de ATE. Se necesitan hoy 326, y, sin embargo, según datos del propio conseller de Educación, Martí March, para este curso contamos con 299. De modo que en estos momentos hacen falta 27 profesionales más.
Los centros escolares alertan del recorte de esta figura en muchos de ellos, que no llegan a cubrir a los niños con necesidades educativas especiales y que incluso algunas horas que se habían confirmado finalmente no se han dado.
Mientras las familias expresan su desesperación ante la falta de estos auxiliares, desde la Conselleria les emplazan a reclamar la revisión de las necesidades de los centros y de las horas de ATE de sus hijos. Lo hacen, se cansan de enviar mails solicitando dicha revisión, pero nunca les responden.
Es sangrante cuando la falta de un auxiliar educativo les deja sin atención en edades tempranas
La carencia de ATES provoca la falta de una atención adecuada hacia los alumnos con necesidades educativas especiales. Niños que tienen trastornos de conducta, enfermedades degenerativas, discapacidades físicas o sensoriales. Niños que no tienen autonomía suficiente y que necesitan de apoyo para seguir las dinámicas de clase, ir al patio, a comer o al baño.
Se está privando a estos niños del derecho a recibir una educación en igualdad de condiciones. Y es especialmente sangrante cuando la falta de un ATE les deja sin atención en edades tempranas, que es cuando más la necesitan.
Muchas de las familias que habían apostado por la educación inclusiva de sus hijos, decepcionadas, se han visto obligadas, delante del retroceso que éstos sufrían, a llevarlos a centros de educación especial para evitar que en muy poco tiempo sus hijos pierdan los avances conseguidos durante años.
Por ello, el Partido Popular ha presentado enmiendas al proyecto de ley para garantizar los derechos de las familias contemplados en la Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía, en especial la atención de niños con necesidades.
Defendiendo como hacemos la educación de calidad y la libertad de elección de los padres, en este caso la de los padres con hijos con necesidades especiales, sólo nos queda exigir al Govern la contratación de los auxiliares técnicos educativos que sean necesarios. ¡Y que sea ya!
