Cuando Rajoy llegó a La Moncloa, llevó a cabo una profunda reforma del sistema de pensiones, plasmada en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. El Factor de Sostenibilidad se definió en la norma como «un instrumento que con carácter automático permite vincular el importe de las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas, a través de la fórmula que se regula en esta norma, ajustando las cuantías que percibirán aquellos que se jubilen en similares condiciones en momentos temporales diferentes». Básicamente, se pretendía reducir las pensiones con la esperanza de vida, ya que —se sobreentendía—, de no hacerlo, el sistema colapsaría al ser cada vez más larga la vida biológica del pensionista.
El índice de Revalorización anual, en cambio, se vinculaba a la situación del sistema de pensiones; en general, de la fórmula establecida solo se desprenderían subidas equivalentes al IPC cuando el sistema arrojara superávit, si bien en todo caso las pensiones habrían de ser aumentadas un 0,25% anual. Este ridículo porcentaje permitía a los autores de la ley utilizar el argumento hipócrita de que, mientras Rodríguez Zapatero congeló las pensiones (aunque no las más bajas) al estallar la crisis de 2008, el PP era mucho más magnánimo al subirlas en todo caso, en cualquier circunstancia. Lo cierto era que, con aquella reforma que velaba, se decía, por «la sostenibilidad del sistema», los pensionistas verían reducir año tras año, salvo excepciones arbitrarias, su poder adquisitivo.
Muchos pensamos que el pensionista tiene el derecho innegable e irrenunciable a disfrutar de una pensión digna y constante —es decir, actualizada— durante toda su vida. Sería absurdo condenarle a una degradación permanente de su estatus vital que le obligara a progresivas y crecientes privaciones. Por lo que la indexación con el IPC es de justicia. Así lo entendieron las fuerzas políticas que acordaron restituir recientemente esta revisión anual en el seno del Pacto de Toledo, con vistas a la reforma que ahora va a tener lugar. El Partido Popular, que había eliminado tal indexación, aceptó también reintroducirla.
Pues bien: en la convención que ha estrenado esta semana el PP, el expresidente Rajoy ha dicho en público, ante el alborozo de sus conmilitones y la aquiescencia del actual presidente del partido, Pablo Casado, que la indexación de las pensiones con le IPC es «un error» porque no permite establecer un modelo «sostenible». El PP se ha apeado de hecho del consenso sobre la reforma de las pensiones y los políticos populares explican que es a causa de la «sostenibildad».
Pues bien: esto es una falacia. Las pensiones se nutren, como es sabido, de unas cotizaciones finalistas que abonan empresarios y trabajadores con el objetivo de financiar las llamadas «pensiones contributivas». De la caja de la Seguridad Social se detraen sin embargo «gastos impropios»; hasta hace poco, las pensiones no contributivas, las viudedades y otras ayudas no relacionadas directamente con la actividad laboral. Pues bien: la sostenibilidad o no del sistema depende de que, como es lógico, la recaudación mediante cotizaciones se asigne exclusivamente a pensiones contributivas. Pero hay aún más: el sistema de pensiones es una prestación semejante a la sanidad o a la educación, y si no es capaz de autofinanciarse mediante estos impuestos especiales, nada puede oponerse a que recurra a los Presupuestos Generales del Estado para recuperar el equilibrio. En otras palabras, las pensiones serán sostenibles si existe voluntad política de que lo sean. Y no lo serán si se opta por postergar a los pensionistas.
Mienten por tanto quienes atemorizan a la ciudadanía diciendo que la indexación de las pensiones con el IPC, o unas subidas demasiado generosas de las pensiones, pueden hacer «quebrar la SS». La Seguridad Social será sostenible siempre. Financiada mediante cotizaciones o a escote por todos los españoles a través de los PGE.
Es, en definitiva, muy importante que el PP se aclare en este punto: los ciudadanos, y los pensionistas en particular, tienen derecho a saber, sin subterfugios, qué partidos se comprometen a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y cuáles no.
