La decisión de conceder un indulto, cualquier indulto, es exclusiva del Consejo de Ministros. Es una decisión libérrima y como tal es un acto graciable. La decisión de conceder el indulto, así como las razones por las que se concede forman parte del núcleo esencial de esa facultad, no obedece a razones de derecho; es, y debe ser, una decisión política. El núcleo esencial del derecho de gracia no está sujeto a ninguna norma, ni elemento reglado, sino a otras consideraciones ajenas al derecho. Todos los que están cuestionando el probable indulto a los presos del “procès” saben perfectamente que esto es así. Hasta el punto de que es un extracto de las argumentaciones que el propio presidente del Consejo del Poder Judicial y del Constitucional, Carlos Lesmes, expresó en un voto particular en 2013.
Es evidente que el gobierno ante las peticiones de indulto tiene que seguir la tramitación establecida, los procedimientos que culminan con la aportación del informe del Ministerio de Justicia al Consejo de Ministros, y donde debe recoger los informes del Tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, y de los intervinientes como la Fiscalía o la Abogacía del Estado, informes penitenciarios, entre otros. Ningún informe es vinculante. A partir de aquí la decisión es exclusiva del Consejo de Ministros y como bien decía Carlos Lesmes, cuando era más joven,”el control de las razones de fondo que llevan a conceder un indulto", "aún superficial y limitado” pugna con la naturaleza misma del acto graciable. Las razones de un gobierno para conceder un indulto pueden ser muy variadas y “no siempre exteriorizables", pueden estar relacionadas con la seguridad pública, política criminal, relaciones internacionales, “e incluso para resolver grave problemas políticos que pueden afectar a la convivencia nacional”, escribía Lesmes. Resumiendo, las razones del indulto son políticas no hay que justificarlo jurídicamente. No se trata de revisar la sentencia del Supremo con otra argumentación jurídica; son motivaciones políticas, ni siquiera esa exposición ha de explicitar todos los motivos. La discrecionalidad no equivale a arbitrariedad. La ley exige que la motivación para la concesión del indulto se fundamente en razones de justicia, equidad o utilidad social. La utilidad social para resolver la situación en Cataluña es evidente. Esto lo sabe incluso la Fiscalía del Supremo, aunque ahora lo plantea como si fuera un “autoindulto” del gobierno, porque es un gobierno que fue apoyado por Esquerra Republicana de Catalunya, la hace partícipe como si formara parte del gobierno. La misma Fiscalía que vio
derrotada sus tesis sobre el “procès” en la sala; mientras triunfaba en la sentencia la tesis de la Abogacía del Estado.
Antecedentes de indultos los hay en todos los gobiernos y de todos los colores. Tanto el general Armada, como el golpista Tejero quienes organizaron el 23- F, entraron a tiros en el Congreso y sacaron los tanques a la calle fueron indultados de penas mucho más graves por el Gobierno de Felipe González, eso sí, seguro que a juicio de González aquella vez “era el momento”. El exministro Barrionuevo y el exsecretario de Estado Vera condenados a 10 años por la guerra sucia contra ETA, fueron indultados por José María Aznar. En el 2000 también Aznar dictó 1443 medidas de gracia con motivo del Año Jubilar, entre ellas las del exmagistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación y apartado de la carrera por prevaricación continuada. Incluso Zapatero indultó al gerente del Banco Santander, Alfredo Sáenz.
Los indultos son una decisión política. Es una decisión exclusiva del Consejo de Ministros. La decisión tiene en cuenta, pero no tiene por qué estar condicionada, por los informes previos. El indulto se justifica en su utilidad social y política; no en discutir las argumentaciones jurídicas de la sentencia, que no las cuestiona. El indulto de los condenados del procès no es como el PP ha sugerido un “desacato”, mucho menos una “traición”, o “una solución inaceptable”. Es el intento de buscar una solución a un problema que España arrastra desde que el PP recurrió la reforma del Estatut hace dos lustros. El indulto será un primer paso espero que le siga diálogo, negociación y la reforma del Estatut d’Autonomía.
