Desde hace varios años parece que ya es indiscutible que el derecho a la educación de 0 a 3 años debe de estar garantizado, desde las primeras etapas de la vida, en aras del interés superior del menor, ya que contribuye positivamente al desarrollo infantil en todos sus ámbitos –cognitivo, afectivo, social y emocional.

Garantizar el acceso a la educación en el primer ciclo de la Educación Infantil es una inversión rentable porque además también facilita la adquisición de habilidades, competencias y capacidades que maximizan el éxito en la transición a la Educación Primaria. Disminuyendo, a medio y largo plazo, las tasas de fracaso y abandono escolar que tan preocupantes son en nuestro país.

Esta contribución positiva resulta especialmente relevante para los niños y niñas que proceden de entornos vulnerables –sea por razones sociales, económicas, culturales–, así como para los que poseen algún tipo de discapacidad –física, sensorial, cognitiva o motora–. La asistencia al primer ciclo de Educación Infantil es para estos niños y niñas un factor compensador muy potente y una valiosa medida para hacer una apuesta fuerte por una educación más inclusiva. Al mismo tiempo que se configura como una potente herramienta para erradicar la pobreza infantil.

Es verdad que la asistencia de niños y niñas al primer ciclo de la Educación Infantil ha tenido una consecuencia positiva en la lucha contra las desigualdades de género al posibilitar la integración de las madres, tradicionalmente más implicadas en el cuidado de la infancia, en el mundo laboral y, por tanto, ayudando a construir sociedades más justas e igualitarias.

Pero la educación 0-3 no es la respuesta a la conciliación familiar permitiendo dejar a los pequeños en las escoletas mientras los padres y madres trabajan. Las organizaciones que defendemos el derecho a la educación 0-3 insistimos que se trata de «una etapa fundamental en el desarrollo de los niños y niñas», por lo que «hay que incorporarla en el proceso educativo» y aunque facilita la conciliación laboral, la educación 0-3 es, por encima de todo, un derecho de los menores, que nunca se puede justificar en aras de la conciliación.

Pidamos una buena Ley de conciliación, con medidas que mejoren los permisos de paternidad y maternidad, con medidas de lactancia materna y corresponsabilidad, con incentivos fiscales, bonificaciones y premios a empresas que flexibilicen y racionalicen horarios, aumentemos las plazas de escoletas y con todo ello consigamos al mismo tiempo mejorar los derechos de los niños, niñas y de las mujeres.