La rápida decisión del Govern de cerrar las calles entregadas al exceso turístico en la Platja de Palma y Magaluf ha sorprendido esta semana a la población por su contundencia. La medida se ha adoptado inmediatamente después de la reapertura del aeropuerto y de los establecimientos hoteleros y de que se hicieran públicas imágenes de aglomeraciones y desmesurado consumo de alcohol en las zonas aludidas. El Gobierno alemán pidió explicaciones por estos hechos y amenazó con cerrar de nuevo el envío de turistas en prevención de transmisiones del coronavirus.

Lo primero que llama la atención es que estos hechos se hayan producido en el momento en que entraba en vigor la normativa que debía evitar el ocio de borrachera y en los albores de una complicada temporada en la que, por motivos de sobra conocidos, Mallorca registra un número apenas representativo de visitantes. Significa que la ley y las previsiones efectuadas por el Govern en este aspecto han fracasado ya desde el principio.

Los empresarios afectados por el cierre de los establecimientos del turismo de exceso han reaccionado con disgusto al decreto del Govern y han anunciado una serie de recursos contencioso-administrativos. En este punto se plantean una serie de reflexiones que afectan a la capacidad jurídica de los gobiernos autonómicos para actuar en prevención y freno de la Covid-19. En Cataluña esta misma semana ha habido resoluciones judiciales de signo opuesto en relación a lo decidido por la Generalitat para frenar los rebrotes. Convendrá, por tanto, clarificar los ámbitos de competencia y responsabilidad para evitar dar palos de ciego en una cuestión tan vital como es la contención y control del coronavirus.

Pero la reflexión que se impone debe aplicarse también de lleno a los empresarios ahora descontentos porque se les ha obligado a bajar la barrera que tenían abierta a los excesos y, digámoslo, a la irresponsabilidad. Ellos mismos deben interpelarse con seriedad sobre la idoneidad de sus negocios en las condiciones actuales. La reconversión y el equilibrio es un camino de futuro y estabilidad para sus locales, una vez que está más que demostrado que el turismo de borrachera es contraproducente y nocivo para todos, incluyendo, por supuesto, a quienes lo practican.

El conseller de Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, en diversas manifestaciones efectuadas a lo largo de esta semana, ha mandado un mensaje sin fisuras a los mercados emisores en el sentido de que los turistas sin control etílico ni cívico ya no tienen cabida en Balears. Parece evidente que también hay una reivindicación social que apoya esta tesis. No es más que la aplicación del sentido común y de la responsabilidad.

En la situación actual debe primar la salvaguarda de dos cuestiones fundamentales. Primero, y sobre todo, la salud y en segundo lugar la economía. Hay que hacer todo lo necesario para evitar los rebrotes en un mundo, como el turístico, en el que sería muy fácil la transmisión comunitaria. No se puede olvidar que el virus sigue activo y que ahora el objetivo irrenunciable es el de ser capaces de vivir con él, mientras se espera una vacuna, manteniendo una actividad económica, por lo menos en términos esenciales, y también la vida social. Está claro que el turismo de borrachera no es un elemento adecuado para estos logros necesarios.