La ministra de Hacienda juega al póker con el dinero de los demás. María Jesús Montero, birla a Balears 177 millones de euros. Unos 7.000 millones al conjunto de las comunidades autónomas al no transferir un dinero que les pertenece. Se basa en un informe de la Abogacía del Estado según el cual un Gobierno en funciones no puede legalmente trasladar estas cantidades a los Ejecutivos regionales.
La diputada del PP por Balears Marga Prohens sostiene que los argumentos del cuerpo de leguleyos de élite del Estado son "fácilmente desmontables". Ella sabrá. Pero recuerdo la anécdota que me contó el enorme periodista que fue Antonio Pizá. Durante un tiempo trabajó como funcionario en los servicios jurídicos de la conselleria de Cultura: "Cuando me encargan un informe solo hago una pregunta, ¿a favor o en contra?" Comprendí que la verdad legal es más maleable que un chicle.
Si alguien pone en duda esta afirmación basta recordar que el Gobierno relevó al abogado del Estado que actuaba en el caso del Procés, Edmundo Bal, en cuanto se negó a rebajar la acusación de rebelión a secesión. Por supuesto, su sucesor encontró argumentos legales para modificar la calificación de los presuntos delitos. No hace falta viajar a Madrid para comprender que los políticos atan en corto a sus abogados. Rosa Estaràs fue la mano ejecutora de Jaume Matas para depurar la Abogacía de la comunidad autónoma. Ambos consideraron que había trabajado "demasiado bien" durante el primer Pacto de Progreso de Francesc Antich al denunciar la corrupción del PP.
Desmantelado el argumento del informe jurídico, desde la oposición se habla de "chantaje" de Pedro Sánchez a las autonomías. Estaríamos ante una añagaza para doblegar la voluntad de quienes frenan la investidura del presidente. Si este era el objetivo, la reacción no ha sido la esperada. Cataluña ha decidido llevar el asunto a los tribunales y el PP moviliza su poder territorial para desgastar a un Ejecutivo débil.
Personalmente opino que existe otra posibilidad para explicar el ataque de tacañería de la dicharachera ministra Montero. Las arcas del Estado están vacías, la deuda pública española está en el 98,7% del PIB. Cuadrar las cuentas resulta cada día más difícil. Al trasladar el problema a las regiones, se salvaguarda a la Hacienda estatal.
La cuestión es que esta estrategia, con independencia de cuál sea su razón última, traslada la carga sobre las espaldas de los ciudadanos. Los 417 millones del agujero de las cuentas de Balears obligan a afrontar nuevos recortes. "No hay tutía", sentenció el jefe de la oposición, Biel Company.
La consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, asegura que la reducción del gasto no afectará a los servicios esenciales para los ciudadanos, entre los que están la Sanidad y la Educación, que constituyen la piedra clave del Estado de Bienestar. Con todos los respetos hacia la responsable de las cuentas públicas de Balears, primero se ahorra en clips y papel, después se prescinde de algún asesor -de pocos, porque representan el poder de cada partido en el gobierno de coalición-, a continuación se posponen inversiones anunciadas de forma reiterada -aquí ya se comienza a perjudicar al ciudadano- y al final, como el presupuesto sigue sin cuadrar, se acaba dando el tijeretazo a lo declarado intocable.
Ante este panorama, la mayor sorpresa es el silencio de Francina Armengol. Se suponía que la presidenta del Govern iba a defender los intereses de Balears ante el Gobierno central con independencia de quien fuera el inquilino de La Moncloa. Su docilidad supone una gran decepción.
