10 de marzo de 2019
10.03.2019
Editorial

Caso Contratos, responsabilidad penal y política

El archivo provisional de las contrataciones a dedo al exjefe de campaña salda las responsabilidades penales de Més. La valoración política de los hechos debería guiarse por otros criterios

10.03.2019 | 02:45

El mayor escándalo político de la legislatura, la adjudicación a dedo por parte de Més de 154.000 euros al que fuera su jefe de campaña, ha sido archivado esta semana por el juez, que no ha apreciado indicios de delito en la actuación de los políticos ni de Jaume Garau. El conocido como caso Contratos provocó, en abril de 2017, la dimisión de la consellera de Cultura Ruth Mateu y su equipo, de un alto cargo de la conselleria de Turismo y dejó políticamente tocado al vicepresidente Biel Barceló, que cesó del Govern unos meses después por viajar gratis total a Punta Cana a cuenta de una empresa turística.

El auto dictado por el titular del juzgado de Instrucción número 9 de Palma, puede ser recurrido ante la Audiencia. No parece previsible que sea así por parte de la Fiscalía ni del Govern, por lo que su reapertura depende de que lo haga o no el Partido Popular, personado como acusación popular. Otro juzgado de Palma tiene pendiente de admitir otra querella por un contrato a Garau por parte del alcalde de Palma, Antoni Noguera.

La resolución judicial de archivo no hace un análisis a fondo de los hechos, ni de los motivos de las adjudicaciones. Argumenta su decisión en las declaraciones de los querellados, el exjefe de campaña Garau, la exconsellera Ruth Mateu, el que fuera director general de Cultura Jaume Gomila, el ex director del Institut d'Estudis Baleàrics Josep Ramon Cerdà y Pere Muñoz, que dirigía la Agencia de Turismo.

El magistrado no aprecia ni prevaricación ni tráfico de influencias en los contratos porque cree a los imputados cuando aseguran que los departamentos de Més contrataron a su exasesor porque era quien presentaba la mejor oferta o que fraccionaron la adjudicación porque no se trataba del mismo objeto. No valora un informe de Intervención de la Comunidad Autónoma, fechado en mayo de 2017 en el que advertía de un posible "fraude de ley" por "el fraccionamiento ilícito" de los dos contratos menores de la conselleria de Cultura. El juez deja abierta la posibilidad de que se haya incurrido en alguna "ilegalidad administrativa", que no considera "evidente ni flagrante" como para ser delito.

La decisión ha sido acogida con obvia satisfacción en Més, una formación que vivió con enorme desgarro los hechos y que atajó drásticamente las sospechas de trato de favor a un destacado militante, al que expulsaron, con la marcha de los políticos implicados. Més no podía permitirse que su principal capital, la ética y la honradez en la gestión pública, que tanto habían reclamado desde la oposición, se pusiera ahora en cuestión.

"Asumimos que, como organización, hemos cometido un error político. Este error ha sido la cantidad de contratos a una persona vinculada a Més per Mallorca y que no hayan sido procedimientos abiertos, aunque la ley no nos obligase. Pedimos disculpas a la ciudadanía", argumentaba entonces la formación ecosoberanista. Se asumía que la equivocación había sido mayúscula y había que pagar políticamente por ello. El entonces líder de Més, Biel Barceló, declaró en una entrevista a Diario de Mallorca que se incumplieron sus órdenes de no contratar a Garau y se mostró "muy decepcionado" por el comportamiento de su antaño amigo.

La política y la justicia cruzan sus caminos en demasiadas ocasiones. Balears ha vivido gravísimos casos de corrupción saldados con elevadas condenas de los que un día dirigieron el devenir de las islas. Pero no son los jueces los que deben marcar qué es o no políticamente ético o aceptable para los ciudadanos. La responsabilidad política ha de venir marcada por otros criterios, de honestidad, transparencia y garantías al ciudadano de que se gobernará por y para todos sin beneficiar a nadie por su afinidad con el partido de turno.

Así parecía haberlo entendido Més cuando forzó la marcha de los que contrataron a Jaume Garau. Con el archivo judicial provisional, más allá de la lógica autoexculpación de los querellados, hay voces en el partido que interpretan que la decisión avala la buena praxis política y que el partido fue excesivamente duro en la asunción de responsabilidades políticas. La reacción sorprende, porque vendría a avalar comportamientos, desde el caso Rasputín a Mapau o el propio viaje de Barceló a Punta Cana, en los que no hubo condena judicial a políticos, y sí prácticas políticas reprobables. Estaría bien que Més hiciera un pronunciamiento claro sobre si, a fecha de hoy, avala que sus dirigentes puedan contratar con dinero público y por sistema a colaboradores de peso del partido en procedimientos sin concurso público, como los que han protagonizado este caso.

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