La realidad empuja siempre a las administraciones en una dirección u otra. Ya sea como consecuencia de la globalización o de la tecnología, las costumbres de la sociedad mutan a un ritmo acelerado, de modo que las leyes deben ir adaptándose a los retos planteados por los nuevos usos. Del alquiler turístico a la aparición de los VTC, de la difusión inmediata de noticias -verdaderas o falsas- por las redes sociales a la gentrificación de las ciudades, todos estos cambios reclaman una respuesta política que ponga orden en lo que podríamos denominar "efectos secundarios" del progreso. Un ejemplo evidente ha sido, estas últimas semanas, el parón patronal del taxi en Madrid o Barcelona, donde se enfrentan intereses contrapuestos y en cuyos debates a menudo se obvia la ineludible centralidad del servicio al cliente. Otro ejemplo, que también nos atañe directamente pero que no es ni mucho menos privativo de aquí, lo tenemos en el crecimiento explosivo del uso de patinetes en nuestras calles.
Actualmente operan en Palma dos empresas de patinetes eléctricos compartidos, que trabajan sobre todo en el centro histórico y el Molinar, aunque ya estudian ampliar sus servicios a otros barrios. Se trata de un medio de transporte individual que responde a una demanda creciente en todo el mundo desarrollado. Muchos ciudadanos necesitan desplazarse de un punto a otro de la ciudad de forma rápida y económica. Los altos niveles de contaminación atmosférica en muchos cascos urbanos penaliza la utilización del coche y favorece opciones menos habituales hasta hace pocos años, como puede ser la bicicleta o el E-Scooter. Sin embargo, la ausencia de una regulación clara que facilite la coexistencia armónica entre los usuarios de los denominados Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y los peatones se está demostrando, como mínimo, problemática. Entre otros motivos porque, al crecer su uso de un modo repentino y desordenado, se plantean muchas cuestiones que necesitan ser reglamentadas de forma imperiosa. Por ejemplo, la velocidad que pueden alcanzar, superior a los veinte kilómetros por hora, supone un riesgo para los peatones, a no ser que se encuentren específicamente designados los carriles de uso exclusivo para los VMP. No existen tampoco puntos fijos de aparcamiento para dichos vehículos, que ocupan a menudo las aceras. Por otra parte, al usar espacio público para aparcar, cabe preguntarse si deberían pagar algún tipo de tasa o impuesto.
Son cuestiones que reflejan el efecto de esta metamorfosis social, cuya solución exige una mayor celeridad por parte de las autoridades municipales. Mientras Cort califica de ilegal la actuación de las empresas de alquiler de patinetes eléctricos, señalando que carecen de los permisos correspondientes, las compañías se amparan en la ausencia de una normativa y muestran su disposición a negociar con el Ayuntamiento. Lo cierto es que en Palma existe ya, desde el pasado verano, una instrucción de servicio que regula la circulación de los patinetes y prohíbe expresamente su utilización en las aceras. Sin embargo, dicha instrucción parece concebida más para los propietarios particulares de VMP que para un escenario como el actual, definido por la llegada de las grandes empresas del sector. No debemos olvidar tampoco que el número de turistas que año tras año visitan Mallorca intensifica el impacto de este tipo de servicios, haciendo más perentoria aún la estricta regulación del mismo.
Al final, las administraciones no pueden dar la espalda a las nuevas demandas que se abren paso en la sociedad, pero sí ordenar su uso del modo más conveniente para el conjunto de la ciudadanía. Y es que pensar que el mercado puede dirimir una problemática tan compleja como esta sin contar con una decidida y firme actuación pública resulta sencillamente ingenuo.
