Llevo prestando el servicio de justica gratuita desde hace más de treinta años, totalmente implicada en la labor social que el turno de oficio supone y muchas veces dedico más tiempo a los casos del turno de oficio que a los míos particulares, por su complejidad. Soy una apasionada de mi profesión, acerté cuando elegí ser abogado, me encanta. Pero en la actualidad, la situación del abogado de oficio es insostenible.
Llevamos meses sin cobrar y el Ministerio se ríe de nosotros. Tenemos un oscuro panorama y la desazón del colectivo es enorme, ya está bien de ningunearnos. El problemas real es la existencia de un notable malestar entre los profesionales del turno de oficio que ofrecen a los ciudadanos un servicio de primera categoría, pero perciben y en estos momentos "no perciben" una retribución y un trato acordes con esa calidad de su actuación profesional. Protesto, públicamente, como el resto de mis compañeros del ICAIB del turno de oficio, ya está bien de qué el Estado nos tome el pelo. Un abogado se deja la piel tanto dentro del juzgado como fuera, el papel del abogado en la sociedad es fundamental, somos garantes de un derecho constitucional, ya que, los abogados adscritos al turno de oficio desempeñamos un servicio esencial para el llamado Estado de Derecho. A veces se consideran a los abogados del Turno de Oficio como malos abogados, yo abogo por este colectivo. Siempre intento ser la mejor abogada posible para mis clientes, tanto de oficio como particulares.
Si el sistema sigue funcionando es gracias a la dedicación y entrega de los profesionales que prestan el servicio. En toda España hay 5 comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias de Justicia, así como Ceuta y Melilla. En total somos 23 colegios que estamos en manos del Ministerio de Justicia. Los abogados del turno de oficio no somos abogados de segunda, para los pobres, sino abogados "también" del turno de oficio que prestamos un servicio en condiciones económicas y estructurales impropias de un Estado del bienestar. Se debería de poner fin a la inseguridad jurídica que sufren los colegios de abogados y los letrados de oficio.
