430.000 plazas es el número mágico que el Consell ha marcado como tope para Mallorca en el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) que prevé aprobar inicialmente dentro de una semana. La cifra ha provocado la reacción inmediata del GOB, que acusa al equipo de Miquel Ensenyat de pretender convertir toda la isla en una zona turística y apunta que el discurso "triunfalista de racionalización de la actividad turística con que se ha presentado el PIAT es totalmente falso". Críticas menos duras son las que ofrecen tanto los hoteleros como el sector de la vivienda vacacional que, a pesar de no ver cumplidas plenamente sus demandas, cuentan ahora con una nítida hoja de ruta que permite planificar el futuro. Esto resulta especialmente importante para el alquiler vacacional que podrá contar, al fin, con una regulación clara y específica.

Un análisis rápido del PIAT nos permite subrayar algunas claves importantes. Para empezar el Plan circunscribe a 430.000 camas la capacidad máxima de alojamiento turístico en la isla, de las cuáles aproximadamente dos tercios serían hoteleras y el tercio restante -115.000 plazas en concreto- se destinan a alquiler vacacional. Es importante señalar que de esas plazas, 43.000 serán de nueva asignación, 15.000 correspondientes a camas hoteleras y 28.000 a vivienda vacacional. En todo caso, en las zonas turísticas consideradas maduras -s´Arenal, Santa Ponça, Magaluf, Cala Millor o Cala Bona, por citar unas cuantas- no se autorizarán nuevas plazas hoteleras y solo de forma limitada se permitirá el alquiler turístico. Detrás de este Plan, que en gran medida asume los criterios marcados por la ley de Turismo impulsada por el exvicepresidente del Govern balear, Biel Barceló, se encuentra una doble idea íntimamente relacionada: por un lado, aplicar ratios de densidad en zonas turísticas -el máximo se fija en 120 turistas por hectárea- a la hora de repartir las plazas y, por el otro, utilizar precisamente estos ratios para contener el crecimiento turístico y favorecer la modernización del principal motor económico de nuestra comunidad. En este sentido, hay recordar que se frenarán también la construcción de campos de golf y que no se concederán nuevas licencias a hoteles rurales, al igual que sucede con la prohibición de abrir nuevos hoteles urbanos que rige en el casco histórico de Palma.

Tras las críticas iniciales al Plan, resulta lógico pensar que el PIAT no va a contentar plenamente a nadie. Hay que reconocer, de todos modos, que tanto el Govern primero como ahora el Consell han tenido la voluntad política de impulsar una normativa de la actividad turística que introduce algún criterio novedoso y clarifica notablemente el marco regulativo. La racionalidad, aunque imperfecta, siempre resulta preferible a los excesos propios de la cultura del eslogan o a la crítica permanente. Un ejemplo claro lo tenemos en las recientes manifestaciones de turismofobia que han tenido lugar estos días en Mallorca que, aunque amparadas por la libertad de expresión, mandan mensajes erróneos y aportan poco al debate público que requiere una sociedad avanzada, además de resultar inadmisible que se atente -en forma de pintadas, por ejemplo- contra el patrimonio público o privado. El progreso de un país se encuentra indisociablemente ligado al debate sereno, a la racionalidad y a la calidad de las instituciones y de las leyes. Con todas sus insuficiencias, el PIAT constituye un paso en la buena dirección.