Parece claro, ya con la suficiente distancia, que la consulta/sondeo del domingo no ha resuelto el problema. Si de un lado Artur Mas y los suyos pueden alardear de haber torcido el brazo al Gobierno con un simulacro de referéndum, de otro lado cabe asegurar que la rudimentaria ceremonia ha tenido tintes surrealistas que han llamado negativamente la atención de la comunidad internacional.
El cómputo de las cifras „sin garantías ni controles„ tampoco arroja demasiado luz sobre el conflicto. Dando por buena la participación de 2.305.000 electores que ha proporcionado el gobierno de la Generalitat, de los que el 80,4% habrían votado ´sí-sí „es decir, 1.853.000„, se llega fácilmente a la conclusión de que esta cantidad es muy semejante a la que obtuvieron los tres partidos soberanistas „CiU, ERC y CUP„ en las autonómicas de 2012 „1.734.000 votos„. Ambas cifras se aproximan aún más si se piensa que este domingo votaron los jóvenes de 16 a 18 años y los extranjeros residentes. De donde se desprende que existe una masa crítica soberanista invariable que viene a representar poco más del 32% del censo electoral (5,4 millones de ciudadanos mayores de 18 años). Por decirlo más claro, hay un potente sector social, vigoroso, consolidado y disciplinado, dispuesto a apoyar la independencia en cualquier condición que sin embargo representa un bajo porcentaje del censo, insuficiente para reclamar una opción que requiere "una mayoría clara", según el famoso dictamen del Tribunal Supremo de Canadá de 1998 sobre el contencioso de Québec.
Así las cosas, es claro que la liturgia del domingo ha consolidado las posiciones pero no las ha variado. Y sí ha servido para introducir nuevas cuñas entre Cataluña y el Estado. Manifiestamente, Rajoy había decidido tolerar una consulta gestionada por fuerzas sociales en las que las instituciones deberían mantenerse lo más al margen posible para no vulnerar la suspensión dictada por el TC, pero a la hora de la verdad el gobierno catalán ha tenido un claro protagonismo. La fiscalía del Estado ha sido llamada a intervenir con prudencia y Artur Mas, advertido de que sus funcionarios podían incurrir en responsabilidades, respondió retadoramente al Gobierno, asumiéndolas. Su posición „dijo Moncloa, con razón„ dificulta la gestión del día después. Y así es, en efecto, porque si progresasen las actuaciones judiciales, podrían alzarse nuevos muros a la negociación.
Hay que imaginar que se encontrará el punto de equilibrio jurídico-político que evite crispar todavía más la situación y el ambiente. Y en todo caso, el tiempo apremia porque está a punto de iniciarse otro bucle en el interminable camino hacia ninguna parte que ha emprendido Cataluña. La política debe sobreponerse a todos los obstáculos y arrastrar a las partes al diálogo. Un diálogo que no debe ser todavía en la cumbre „Mas y Rajoy tan sólo deben explicitar su disposición a abrir una negociación constructiva„ sino entre el Gobierno de la nación y las fuerzas políticas que se presten a él, en particular CiU y el PSC-PSOE. Contando, claro está, con la campaña en contra que emprenderá ERC, formación que se sabe momentáneamente hegemónica y que ha comprendido que la independencia es una fabulación que hoy toca con la punta de los dedos pero que no llegará a cuajar a menos que se produzca una abrupta ruptura.
Estos pasos son urgentes para evitar que de nuevo se enrarezca el panorama, que comience otro período invisible de tensiones y amenazas, que el conflicto vuelva a generar frustraciones. Con la conciencia de que estamos, seguramente, ante la última oportunidad de acotar el drama, volverlo manejable y darle una solución.
