Quienes han mantenido siempre que resultaba imposible que terminara bien el viaje conjunto de CiU y ERC hacia la independencia, dado que las dos formaciones apenas coinciden en el rasgo soberanista, están a punto de cargarse de razón. En efecto, el estallido del caso Pujol, que podría servir a ERC para consumar definitivamente su sorpasso con respecto a CiU, ya ha sido aprovechado por los republicanos, que no sólo se muestran dispuestos a respaldar la creación de una comisión de investigación sino también a promoverla si es necesario. Poco después de este primer roce, portavoces de CiU, conscientes de que la condescendencia con ERC está poniendo en peligro la supervivencia de CiU y la propia estabilidad de Cataluña, han comenzado a desmarcarse de la vía "revolucionaria" que postula Esquerra, secundada por la Assemblea Nacional Catalana y por Omnium Cultural, según la cual "el pueblo de Cataluña pesa más que un papel del Constitucional" (Alfred Bosch, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados).

Hasta ahora, algunos miembros secundarios de CiU habían puesto en duda la celebración del referéndum del 9 de pero el disenso ha subido de categoría: dos consejeros de Artur Mas se han sumado este escepticismo. Primero fue el titular de Territori i sostenibilitat, Santi Vila, y después la número dos de Mas en el Govern y encargada de la logística de la consulta, Joana Ortega, de UDC, quien aseguró este martes que la consulta puede aplazarse si el Constitucional impugna la ley de consultas que prepara el Parlament de Catalunya o, en su caso, la convocatoria de Mas para el plebiscito 9N. Evidentemente, estas declaraciones contaban con el beneplácito de Artur Mas. Para Ortega, ningún partido con vocación de gobierno "puede pedir que actuemos al margen de la legalidad".

ERC ha saltado como un resorte ante estas afirmaciones, que evidentemente desmovilizan al electorado (de hecho, parece que el electorado ya estaba parcialmente desmovilizado porque han caído espectacularmente las preinscripciones para la manifestación del 11 de septiembre, de 300.000 el año pasado a 70.000 en éste). Joan Tardá ha llegado incluso a lanzar una solapada amenaza: "que vaya con el objetivo de desmovilizar es de una irresponsabilidad a tener en cuenta algún día".

Como es conocido, la "hoja de ruta" de Artur Más, que "no tiene plan B" según ha enfatizado él mismo, pasa por la aprobación en la segunda quincena de septiembre de la ley de consultas por el parlamento de Cataluña, a cuyo amparo convocará la consulta para el 9 de noviembre, con la doble pregunta ya conocida en la papeleta. Sin embargo, es perfectamente previsible que el Gobierno recurra la ley de consultas ante el Tribunal Constitucional, dadas las limitaciones que impone el artículo 92 de la carta magna a esta institución de democracia directa; en todo caso, es seguro que el Gobierno recurriría la convocatoria de un referéndum de autodeterminación como el planteado por Mas.

En definitiva, CiU deberá optar entre sujetarse a la legalidad o vulnerarla, y es bien claro que Mas ha optado por la primera opción. Las circunstancias harán, en todo caso, más inteligible y llevadera esta vuelta atrás porque el descubrimiento de un colosal pastel de corrupción en la cúpula del nacionalismo, que no ha hecho más que asomar y que dará lugar a nuevas y colosales revelaciones, resta glamour y densidad intelectual a la causa soberanista. El "España nos roba" de los viejos lemas se ha vuelto irónicamente contra algunos de sus promotores, que aparecen como los autores del gran desfalco.